La defensa de Emilio Lozoya Austin aseveró ayer que el aumento en 200 por ciento del monto que exigen las autoridades como reparación del daño en el proceso al ex funcionario es ilegal por carecer de fundamento técnico y jurídico y viola acuerdos del consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ese aumento se solicitó “sin justificación alguna y de manera desproporcionada y contraria a derecho”, aseguraron en un comunicado los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda.

“Ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación”, indicaron los defensores.

Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron el martes al juez federal del caso, Gerardo Genaro Alarcón López, que elevaron su demanda de reparación del daño de 10.7 millones de dólares a 30 millones.

Como los representantes de las entidades federales no expusieron ninguna justificación para modificar su exigencia, el juez con sede en el Reclusorio Norte suspendió la realización de la etapa intermedia del juicio.

Lozoya está imputado de haber incurrido, como director de Pemex, en la compra fraudulenta de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados y haber favorecido con contratos a la brasileña Odebrecht a cambio de sobornos.

Los defensores dijeron que su cliente está preso por “una decisión de Estado, ajena al orden constitucional y violatoria de sus derechos fundamentales.

“Esta situación ilegítima pretende mantenerse –en agravio de un testigo colaborador como es Lozoya Austin– restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño”, añadió el comunicado.

La defensa de Lozoya informó que en abril de 2022 el consejo de administración de Pemex fijó el monto reparatorio en 10.7 millones de dólares. A cambio de esa cantidad, el ex director de la empresa obtendría un criterio de oportunidad que lo convertiría en testigo colaborador y cesarían los cargos contra él y tres de sus familiares.