Cuautlán Izcalli, Mex. A las 15 horas de este jueves vence el plazo para que el Ministerio Público haga la imputación por el delito de cohecho, en contra de Jesús N y Laura N, padres de familia, que al parecer agredieron a una profesora dentro del plantel preescolar Frida Kahlo, el delito no es grave y podrían continuar el proceso judicial en libertad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) al momento tiene detenidos a los padres de familia por la denuncia presentada por dos de sus agentes de investigación, no por la agresión que vivió la maestra Brenda N, y una trabajadora del plantel educativo.

César Sánchez, abogado de los detenidos, informó que cohecho no es un delito grave y a las 15 horas de este jueves se define su situación jurídica, y al ser el delito no grave podrían quedar en libertad.

La FGJEM continúa con las investigaciones de la carpeta de averiguación por los delitos de lesiones y amenazas, presentadas por la maestra y la trabajadora.

Niño incomunicado

Familiares de los detenidos, afuera del edificio de la Fiscalía de Justicia de Cuautitlán Izcalli, exigen la entrega del niño de 3 años de edad quién está incómodo desde el martes de esta semana cuando sus papás fueron detenidos.

Cecilia Espinoza, abuela materna, llorando pidió la entrega del niño. Dijo que “No saben dónde está resguardado el menor, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no informa sobre la situación del infante”.

Indicó que al parecer está en un área del edificio Rosa de la FGJEM, para la atención a delitos de violencia a la familia, pero nadie les permite ver al niño e incluso el miércoles fueron expulsados con presencia de agentes ministeriales.

Desde el martes de esta semana la FGJEM mantiene hermetismo sobre este caso, y han sido las personas involucradas quiénes han informado de los delitos y como van las investigaciones.

Autoridades municipales señalaron que el menor no está a resguardo del DIF municipal, que la FGJEM solicitó hicieran la investigación de la red de custodia y se concluyó que la abuela está en posibilidades legales y sociales para hacerse cargo del menor.