Tras el ataque contra personal de la Fiscalía General de Jalisco y la policía municipal de Tlajomulco, que causó la muerte de seis personas, el 11 de julio pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU llamó al Estado mexicano a establecer medidas de protección adecuadas para quienes participan en las búsquedas de personas desaparecidas, entre ellos víctimas, familiares, acompañantes y servidores públicos, con el fin de garantizar la continuidad de estas acciones y la investigación.

Instó a que se brinden oportunidades de participación para asegurar que las víctimas no se queden sin apoyo.

Asimismo, condenó la emboscada contra los elementos de la fiscalía estatal y policía municipal, que se llevó a cabo mientras atendían una denuncia sobre posible hallazgos de restos óseos. "El Comité expresa sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida y desea a los heridos una pronta recuperación", declaró Carmen Rosa Villa, presidenta del CDF.

Pidió al Estado a que inicie inmediatamente una investigación exhaustiva y diligente para identificar a los perpetradores e imponer las sanciones adecuadas.

En un pronunciamiento, el Comité de la ONU también recordó que tanto las acciones para buscar a personas desaparecidas y las investigaciones “son obligaciones de carácter permanente”. Ello, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que están suspendidas las búsquedas originadas por denuncias anónimas.

Refirió que de acuerdo con datos del Estado mexicano hay más de 110 mil personas desaparecidas en el país, “registrándose el mayor número en Jalisco”.

Señaló que en un informe publicado en 2022, tras su visita al país, el Comité instó al Estado a garantizar la protección permanente de los servidores públicos dedicados a la búsqueda e investigación y a establecer un programa integral de protección para ellos. Asimismo, exhortó a México a fortalecer de manera inmediata el sistema de protección a víctimas para garantizar la seguridad de sus familiares y acompañantes.