Los tres principales precandidatos de Morena a la Presidencia de la República en su recorrido por el país han venido planteando sus consideraciones sobre lo que está en juego en la próxima elección. Sorprende que se expresen pocas ideas sobre lo que habrá que hacer en el siguiente sexenio. A esto agreguemos la nula discusión y tenemos la caracterización de esta peculiar precampaña: reiterar la fidelidad al proyecto de la 4T, reconocer el liderazgo de AMLO, plantear la pobreza de la oposición y poco más. Pese a esto, si aceptamos que el centro del planteamiento de la 4T está en la construcción de un estado de bienestar, como lo han delineado el propio AMLO y los precandidatos, con este objetivo en la mira podemos evaluar lo avanzado y lo que es urgente proponer para el siguiente sexenio.
Los estados del bienestar establecieron una amplia gama de derechos económicos, sociales y políticos y los hicieron exigibles. Para esto, signaron un pacto social entre los agentes económicos que permitiera proteger a la población de las eventualidades del ciclo económico. Consecuentemente, se crearon sistemas de protección social universal de alta calidad. El centro de esta sociedad del bienestar no era la política social de los gobiernos sucesivos, sino la consecución del pleno empleo. Consistente con este propósito, era indispensable estimular el funcionamiento de la economía con una activa política fiscal.
Se trata de propósitos que en este gobierno no hemos ni siquiera analizado. Conseguir el pleno empleo, supone que nuestro país se proponga un plan para incorporar al sector formal de la economía a la mitad de la población económicamente activa que hoy se encuentra ocupada en la informalidad. Este debiera ser el primer gran propósito de un gobierno que se proponga conseguir el bienestar de su población. Para lograr el pleno empleo es indispensable que la actividad económica tenga un dinamismo intenso y sostenido y, además, sea redistributivo.
En consecuencia, la inversión tiene un papel decisivo. Aquí hay tres agentes inversionistas: las empresas extranjeras, las empresas mexicanas y el Estado. Los tres tienen que desarrollar una intensa actividad que permita ampliar la capacidad productiva del país y, con ello, crear nuevos empleos que, por supuesto, tienen que ser bien remunerados. Para lograr esto, es necesario que el Estado garantice el cumplimiento de los contratos. La dinámica prevista debe generar altas utilidades y buenos salarios. Estos ingresos deben contribuir fiscalmente al sostenimiento de la hacienda pública.
Por esto es indispensable una reforma fiscal profunda, que alinee nuestra hacienda pública a los niveles de contribución tributaria existentes en países de ingreso medio alto, como nosotros. Seguir sosteniendo que no es necesaria una reforma fiscal es condenar a la hacienda pública a funcionar al límite de unas posibilidades francamente lejanas a lo que demanda un Estado que se proponga verdaderamente el bienestar.
En esta perspectiva, las políticas sociales, como las que correctamente se han instrumentado en este sexenio, resultan paliativos a décadas de degradación neoliberal, pero no constituyen políticas que se propongan resolver realmente la construcción de una sociedad lo más igualitaria posible. Sirvan para dimensionar esta situación las siguientes comparaciones: en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, en promedio durante el predominio de la socialdemocracia, la diferencia entre los mejores salarios y los peores fue de 2.04 veces, en tanto en Estados Unidos fue de 4.43 veces y en México llegó a casi siete veces.
Un dato que plantea consideraciones similares es el que resulta de las encuestas ingreso-gasto: En México, en 2022, la relación entre los ingresos promedio del decil I, los más pobres, respecto al decil X, los más ricos es de 16.43 veces, en tanto que en España en 2021 fue de 8.61 veces. Esta significativa diferencia tiene evidentes connotaciones en el nivel de bienestar en ambos países. Las comparaciones pueden ser más amplias si utilizamos información de países más igualitarios, como Canadá, los nórdicos, Japón, Corea del Sur y otros.
De ponerse en práctica una política de desarrollo nacional como la que se ha esbozado, es indispensable que la política monetaria no sea contradictoria con los propósitos de los poderes electos. Para ello será necesario modificar el mandato del Banco de México, para establecer en su ley orgánica la obligación de considerar el impacto de sus decisiones en el crecimiento y el empleo. Plantear un mandato dual, como el del banco central estadunidense.
En este debate inexistente entre los precandidatos, estos temas son fundamentales para considerar cuál tiene un planteamiento más certero respecto de lo que habría que hacer en 2024-2030. Insistir en la continuidad del proceso de transformación es ocioso. Lo relevante es lo que habría que transformar en esta cuarta transformación.
