La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha inhabilitado y aplicado multas que suman casi 2 mil millones de pesos a 13 empresas que negociaron acuerdos para repartirse ilícitamente las contrataciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero a causa de amparos interpuestos por las firmas algunas de ellas están intentando participar en nuevas licitaciones con la institución, mientras otras escabullen las sanciones cambiando de nombre o de razón social.

Así lo informaron ayer el titular de la SFP, Roberto Salcedo, y el director del IMSS, Zoé Robledo, quien aseguró que está completamente descartada la contratación de las empresas inhabilitadas, que en el pasado brindaron servicios al IMSS relacionados con sus laboratorios clínicos y bancos de sangre.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada en Palacio Nacional, Salcedo reportó que en el sector salud, de 2021 a 2023, en los procedimientos de contratación de los servicios de laboratorio clínico y banco de sangre han participado 158 empresas, de las que 121 resultaron contratadas.

Al respecto, detalló que se ha detectado que, de ellas, 19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, al haber realizado acuerdos para repartirse ilícitamente las partidas de licitaciones, por lo que se han impuesto sanciones a 13 de esos proveedores, mientras los seis restantes están siendo investigados.

Si bien el secretario no se refirió a ellas explícitamente, entre las empresas investigadas por la presunta colusión se encuentran Centrum Promotora Internacional y su filial Valtrum, Hemoser, Impromed e Instrumentos y Equipos Falcón, Dicipa, Selecciones Médicas y Selecciones Médicas del Centro, pertenecientes a Grupo Fármacos, de acuerdo con distintos reportes.

Las sanciones consistieron en 24 inhabilitaciones de entre uno y siete años para participar en contrataciones públicas y multas que suman mil 953 millones de pesos.

El secretario detalló que, de las 24 sanciones, ocho se encuentran firmes y 16 están en revisión por parte de los juzgadores, debido a que las empresas han interpuesto amparos y recursos legales para impedir que las sanciones cobren plena vigencia, lo que les permite continuar participando en los procedimientos de contratación.

Expuso que la SFP revisa la situación de los licitadores para prevenir alguna simulación, debido a que se tienen “dudas razonables” sobre algunas empresas que, presuntamente, para eludir las sanciones, utilizan filiales o cambian su razón social para seguir participando en contrataciones públicas.

Agregó que se estudia un proyecto de reforma legislativa para identificar de manera eficaz y eficiente a los beneficiarios finales de las empresas, a fin de evaluar y evitar la elusión de las sanciones.