La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentaron ayer de 10.7 a 30 millones de dólares el monto por reparación de daño que le exigen a Emilio Lozoya Austin en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht, cambio que el ex funcionario calificó de “extorsión”.

Ni la UIF ni Pemex ni la Fiscalía General de la República (FGR) pudieron fundamentar por qué casi triplicaban la exigencia, por lo cual el juez Gerardo Alarcón López suspendió la audiencia intermedia, que se desahogaba en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El juez reclamó una explicación del incremento y preguntó si había registro de la modificación del monto en la carpeta de investigación y por qué no se sabía de la nueva postura de la parte acusadora.

Los agentes del Ministerio Público dijeron que desconocían las causas. Gerardo García Morales, representante de la UIF, informó que la orden vino del titular de esa dependencia, Pablo Gómez, tras una “instrucción en el gobierno federal”.

“Me parece ilegal, inmoral y que raya en la extorsión”, dijo Lozoya sobre la nueva demanda y subrayó que ya había aceptado pagar el monto fijado inicialmente.

El juez Alarcón López convocó a una nueva audiencia para el 30 de agosto, cuando las instituciones federales deberán justificar el drástico cambio en su exigencia. En la audiencia de ayer iba a iniciarse la etapa de juicio oral contra Lozoya por el caso Agronitrogenados.

En la diligencia, la defensa de Lozoya planteó dos incidencias. Con una buscaba la prescripción del delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita.

Con otra intentaba el reconocimiento de que ni la UIF ni Pemex tenían personalidad jurídica para exigir la reparación de daño. El juez desechó ambas peticiones.

Convenio frustrado

El origen del proceso contra Lozoya son las acusaciones de que, como director de Pemex, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, incurrió en una compra fraudulenta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados y recibió sobornos de la brasileña Odebrecht, a cambio de preferencia en las contrataciones.

El abogado Miguel Ontiveros informó que desde abril la defensa de Lozoya sostuvo reuniones con representantes de Pemex y la UIF, sin llegar a la firma del convenio de reparación solicitado por su cliente.

Según ese posible acuerdo, Lozoya pagaría la reparación del daño y la FGR se desistiría de las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, así como de las imputaciones contra la madre, la hermana y la esposa del ex director de Pemex.

Parte del convenio sería que Lozoya obtendría un criterio de oportunidad que lo convertiría en testigo colaborador. El litigante recordó que el monto de 10.7 millones de dólares lo fijó el Consejo de Administración de Pemex en abril de 2022.

El fiscal Antonio Díaz reconoció que ningún representante del Ministerio Público fue a las negociaciones porque no los convocaron ni la UIF ni Pemex.