El caso de Emilio Lozoya muestra los peores zigzagueos de la prometida lucha contra la corrupción: a pesar de estar involucrado en cuando menos dos episodios graves de corrupción política, el de Odebrecht y el de Agronitrogenados, ha recibido un trato procesal de amabilidad contrastante con lo que le sucede a 99.99 por ciento de los procesados en México, lo cual le permitió no pisar la cárcel al llegar extraditado al país y llevar la primera parte de su proceso con tal soltura que la terminó al exhibirse en un restaurante de lujo de comida china.
Materia de jaloneos entre facciones de la actual clase gobernante, beneficiado en varias ocasiones por extrañas pifias de la Fiscalía General de la República, amenazante de develar culpabilidades de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y aspirante a dejar la cárcel mediante arreglos reparatorios, ahora se declara víctima de una especie de extorsión porque en el caso de Agronitrogenados el gobierno federal elevó sustancialmente la exigencia económica hasta 30 millones de dólares.
Falta ver que esa exigencia “desproporcionada” no sea una treta de la fiscalía federal y órganos gubernamentales conexos en este episodio para aparentar que suben la vara reparatoria sin justificarlo ante un juez y luego pretendan echarle la culpa al ámbito judicial por dejar ir a Lozoya con un pago bajo que sea notablemente desproporcionado respecto a los daños causados. ¿Habrá justicia o seguirán los arreglos zigzagueantes?
Hoy presentará la magistrada electoral Janine Madeline Otálora Malassis una propuesta ante sus pares con la intención de anular los procesos que realizan tanto el llamado Frente Amplio por México (PAN y lo que queda del PRI y el PRD) como Morena y sus aliados, según eso para elegir una coordinación nacional, lo que en el fondo, y sabidamente por todos, implica la definición de las respectivas candidaturas presidenciales de esas dos formaciones partidistas.
Otálora pretende que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule los actos que de una u otra manera estén asociados a una selección simulatoria que, en el fondo, sería “un fraude a la ley”. Ya el pasado 11 esa misma sala superior confirmó un acuerdo del INE que permite a Morena y sus aliados continuar con su proceso parecido al de los opositores, pero tal validación está también bajo la lupa.
De aprobarse la propuesta de la magistrada en mención se crearía un escenario de inestabilidad y revoltura políticas no conocido, pues los dos polos de la adelantada confrontación, el Frente Amplio y el cuatroteísmo, han extendido ya sus barajas sobre la mesa y han entrado a una fase de decantación que en el primer caso apunta a Xóchitl Gálvez como puntera concentradora de los principales intereses de la élite desplazada en 2018 y, en el plano morenista, a una final en la que Claudia Sheinbaum parece favorita de las estructuras 4T, frente a Marcelo Ebrard que adopta roles de cierta rebeldía interna y cierto coqueteo con la posibilidad de ser candidato por fuera de lo guinda.
Si se toma en cuenta el antecedente del pasado 11, la propuesta de Otálora (quien forma parte de una corriente minoritaria en el tribunal) estaría en ruta de ser desechada. Pero no se deben desoír los ruidos y crujimientos de un esquema de simulación sabida y evidente, a los ojos de todos, que podría judicializar el de por sí difícil proceso electoral 2024.
Astillas
No deshonra reconocer “una equivocación, un lapsus”, como lo ha hecho el panista Santiago Creel al admitir que no debió utilizar el término “discriminación a la inversa” para quejarse de lo que, en todo caso, sostiene como “un trato diferenciado” del Presidente de la República a sus opositores, en específico a él. En tiempos políticos tan cargados de agresividad resulta refrescante escuchar que un político en campaña acepte una pifia, aunque sostenga su postura diferenciadora… ¡Hasta mañana!
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