Madrid. Uno de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos españoles en los últimos años es de la vivienda. En sus múltiples formas; ya sea por el cada vez más alto precio de los tipos de interés -fijados por el Banco Central Europeo (BCE)-, o porque los costos de los alquileres son cada vez más elevados ante la escasez de vivienda para este fin. También porque hay un debate cada vez más tóxico en torno a la “okupación” y “desokupación” de las casas. En este asunto, como en casi todos los demás, la derecha y la izquierda tienen formulas y diagnósticos distintos, en ocasiones antagónicos, que se someterán al escrutinio de la ciudadanía el próximo domingo, cuando se celebren las elecciones generales en las que el primer gobierno de una coalición de izquierdas de la historia reciente, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aspira a su primera reelección.

Los jóvenes, estudiantes o con sus carreras profesionales incipientes, que perciben el salario mínimo interprofesional (alrededor de mil 80 euros, uno de los más bajos de la Unión Europea), tienen cada día más difícil encontrar una vivienda en la que poder emanciparse. Las casas que se rentan son cada vez menos y sus precios y condiciones, precisamente por la legislación aprobada en los últimos años, son cada vez más complejas. Pero además la compra de una casa a través de una hipóteca bancaria se ha dificultado y no sólo por la subida de los tipos de interés del BCE sino por el endurecimiento de las condiciones de las entidades financieras que se impusieron a raíz de la crisis económica del año 2007 y que culminó en una quiebra parcial del sistema bancario y en la explosión de una burbuja inmobiliaria que dejo a miles de personas sin casa y en bancarrota.

De ahí que el problema de la vivienda se haya convertido en uno de los principales motivos electorales de este campaña, en la que además han coincidido dos fenómenos antagónicos: el de la llamada “okupación” de las viviendas, que es un fenómeno social se ha agudizado en los últimos años y que se nutre sobre todo de personas desesperadas que deciden meterse en una vivienda para tener un techo en el que poder dormir, la mayoría casas abandonadas o que pertenecen a fondos buitres y a las grandes corporaciones financieras después de procesos judiciales de desahucio y lanzamientos.

Y el otro fenómeno, antagónico y para muchos analistas “muy peligroso”, es el del auge de las “empresas” que se dedican a la “desokupación” forzosa de esas viviendas “okupadas” y que están formadas por ex militares o simpatizantes de formaciones de extrema derecha que no dudan en utilizar la violencia para expulsar sin que medie ningún proceso judicial a esas familias o ciudadanos que viven en la vivienda en cuestión. Y en esto el diagnóstico de la izquierda y la derecha es antagónico; mientras que los primeros han aprobado leyes para darles más derechos y garantías a los ciudadanos, sobre todo a los que se encuentran en una situación vulnerable y no pueden garantizarse el derecho básico a la vivienda, la derecha y la extrema derecha apoya o cuando menos no es beligerante con este tipo de empresas de “desokupación” con estética fascista y violenta.

El meollo del problema es la construcción de vivienda para alquiler social en el país, que según un estudio reciente que analiza la cuestión desde el año 2014, hay hasta cuatro comunidades autónomas que no han construido ni una sola vivienda para este fin desde entonces En los nueve años que analiza el estudio apenas se iniciaron en España 12 mil departamentos o casas sociales. Y mientras en Murcia, Aragón, Asturias, La Rioja y Ceuta no se empezó ninguno, paradójicamente con gobiernos de izquierda todos ellos, salvo Ceuta, en el que el gobierno central tiene las competencias en vivienda, prácticamente la mitad de esta cifra se concentró en Madrid (42 por ciento, con más de cinco mil pisos), gobernada por la derecha, y seguida por el País Vasco y Cataluña -con gobiernos nacionalistas- con cerca de dos mil en todo el periodo. En algunos años, como en el 2018, hasta en 16 comunidades no se inició ninguna vivienda de alquiler social.

Es decir, que Madrid ha concentrado más de del 40 por ciento de los pisos sociales iniciados desde 2014, a pesar de que, según Carles Raya, autor del estudio, “hay consenso entre los partidos políticos y entre sectores” en que hacen falta más viviendas asequibles, pero faltan “políticas económicas e instrumentos: pensar quien las hará y con qué financiación”. En España se dedica solo medio punto del PIB a temas de vivienda, cuando la media de la UE es del 1 por ciento, y en países como Francia se llega al 1.5.

Una realidad que contrasta con la alarma social que se ha despertado en los medios de comunicación ante el fenomeno de la okupación y la desokupación, como dos antagonismos que en algunas ciudades, como Barcelona, ha estado a punto de provocar un grave conflicto social. De ahí que todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones de este domingo lleven en su agenda un modelo específico; la izquierda para darle más garantías a la ciudadanía que se ve obligada al siempre duro trance de la“okupación”, mientras que la derecha y la extrema derecha basan sus propuestas en crear reformas legales para facilitar o agilizar la “desokupación”.