Almoloya de Juárez, Méx. Un juez de control del distrito judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a cinco miembros del Consejo de Administración de la Central de Abastos (Ceda) de Toluca, acusados de homicidio calificado en agravio de 9 personas. También fueron vinculados a proceso cuatro elementos de seguridad privada de la Central que el día de los hechos impidieron el acceso a los cuerpos de emergencia al lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio, cuando un comando armado ingreso a la Central de Abastos y prendió fuego a la zona conocida como la Isla en la nave 7 de ese lugar. En el incendio murieron 9 personas que pernoctaban entre puestos semifijos ubicados en la Isla.

En la audiencia donde se les definió su situación jurídica, se pudo conocer ese día, alrededor de las 19:0 horas, Pascual “N”, presidente del Consejo de Administración de la Central de Abastos; Bryan Alejandro “N”, tesorero de la Ceda; Johan Daniel “N”, asesor del tesorero; David Jehuel “N”, responsable jurídico de la Ceda y Mateo “N” encargado de seguridad de la Central, se habrían reunido en el lugar para planear y ordenar a un sujeto de identidad desconocida quemar los puestos semifijos en la Isla, con el fin de eliminar a un grupo de comerciantes que desde hace meses se habían negado retirarse del lugar.

Posteriormente, el 10 de julio, alrededor de la 1:15 de la mañana, Arturo “N” , Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, guardias de seguridad privada de la Central de Abastos se encontrarían en su lugar de trabajo y permitirían el acceso a varios sujetos vestidos con ropa táctica, los cuales portaban armas de fuego.

Estos se dirigieron donde se encontraban las víctimas y tras detonar las armas rociaron gasolina en el lugar y prendieron fuego, quedando los comerciantes atrapados, por lo que murieron calcinados.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, los efectivos de seguridad privada intentaron impedirles el paso, pero la policía los sometió y los detuvo.

El juez de control concedió un par de meses al Ministerio Público para culminar la investigación complementaria y decretó la subsistencia de la prisión preventiva justificada.