Almoloya de Juárez, Méx. Un juez de control del distrito judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a cinco miembros del Consejo de Administración de la Central de Abasto (Ceda) de Toluca, acusados de homicidio calificado en agravio de nueve personas. También fueron vinculados a proceso cuatro elementos de seguridad privada de la Central que el día de los hechos impidieron el acceso a los cuerpos de emergencia al lugar.

El pasado 10 de julio, sujetos armados ingresaron a la Central de Abasto y prendieron fuego a la zona conocida como la Isla en la nave siete de ese lugar. En el incendio murieron nueve personas que pernoctaban entre los puestos semifijos ubicados en la esa zona.

En la audiencia celebrada ayer martes, se definió la situación jurídica de los implicados, se dio a conocer alrededor de las 19 horas, que Pascual N, presidente del Consejo de Administración de la Central de Abasto; Bryan Alejandro N, tesorero de la Ceda; Johan Daniel N, asesor del tesorero; David Jehuel N, responsable jurídico de la Ceda y Mateo N, encargado de seguridad de la Central de abasto, se habrían reunido en el lugar para planear y ordenar a un sujeto de identidad desconocida quemar los puestos semifijos en la Isla, con el fin de eliminar a un grupo de comerciantes que desde hace meses se habían negado retirarse del lugar.

Posteriormente, el 10 de julio, alrededor de la 1:15 de la mañana, Arturo N, Edmundo N, Héctor N y José Miguel N, guardias de seguridad privada de la Central de Abastos se encontrarían en su lugar de trabajo y permitirían el acceso a varios sujetos vestidos con ropa táctica, los cuales portaban armas de fuego.

Estos se dirigieron donde se encontraban las víctimas y tras detonar las armas rociaron gasolina en el lugar y prendieron fuego, los comerciantes quedaron atrapados por lo que murieron calcinados.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, los efectivos de seguridad privada intentaron impedirles el paso, pero la policía los sometió y los detuvo.

El juez de control concedió un par de meses al Ministerio Público para culminar la investigación complementaria y decretó la subsistencia de la prisión preventiva justificada.