Ciudad de México. El Centro Nacional de Justicia Alternativa y el registro y certificación de los mediadores privados deben ser parte del Poder Judicial, con el propósito de administrar y sustanciar los medios alternativos para la atención de los conflictos de diversa naturaleza, señaló el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

Consideró que, en la iniciativa de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, se debe privilegiar la solución de los conflictos por encima de formalismos procedimentales.

Los mecanismos alternativos forman parte integral de los poderes judiciales, como autoridades que impartan y administran justicia, argumentó en el marco de los foros organizados por el Senado de la República para construir dicha legislación.

Contra algunas posturas que plantean sacar del ámbito judicial la certificación de mediadores privados para trasladarlos a entes del Ejecutivo, puntualizó que los mecanismos alternativos de solución de controversias de acuerdo a la Constitución, recaen en el poder judicial, de ahí que desde éstos surgieron los centros de justicia alternativa.

La necesidad por ello de que dicha ley, una vez aprobada, aporte al desarrollo de la materia y se evite que la negociación, mediación, conciliación, evaluación neutral, amigable composición y el arbitraje se corrompan o presten a malas prácticas.

Además se pugnará porque la función y actividad de la figura de los mediadores privados sea supervisada y monitoreada por el Centro Nacional de Justicia Alternativa, para verificar la buena práctica y desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias.

Los mediadores públicos, recordó, ejercen una función pública complementaria a la administración de justicia bajo el esquema de descentralización por colaboración, cuya única intención es la de contar con mayor apoyo para extender los servicios a la población, pero siempre certificados y registrados por los tribunales.