“La historia –escribió Carlos Marx en El 18 de brumario de Luis Bonaparte– ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa.”

La gran tragedia. Como si fuera una imagen calcada del cuadro de Giuseppe Pelliza da Volpedo El Cuarto Estado, que el director de cine Bernardo Bertolucci retomó al inicio de su película Novecento, ese 8 de abril de 2013 fue un día para no olvidar. Fue algo nunca visto; un acontecimiento que prendió las alarmas entre la clase política. Las fotos dan cuenta del hecho insólito.

Eran casi 50 policías comunitarios. Entraron armados a Chilpancingo, entre vítores y saludos de más de 3 mil maestros en paro contra la reforma educativa. Habían marchado durante casi 20 kilómetros, con el sol a plomo, uniformados, con fusiles, pistolas y machetes, por la carretera que une Tixtla con la capital de Guerrero. Exigían la liberación de su comandante, Nahúm Santos Bartolo. De paso, la del profesor de Chilapa Mario Durán Torres, apresado durante el operativo de desalojo de la Autopista del Sol tomada durante las protestas contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

Pese a las amenazas de represión, los comunitarios acordaron seguirse de frente y entrar a la ciudad. Se formó una enorme cadena humana de policías comunitarios armados, maestros democráticos y habitantes de las colonias populares de Chilpancingo, que enfiló rumbo a la sede del Poder Judicial.

La miserable farsa. Poco más de 10 años después, el 10 de julio de este año, la historia se repitió. Cerca de 5 mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo, territorio controlado por el grupo delictivo de Los Ardillos, tomaron la capital de Guerrero. De paso, privaron de la libertad a 10 uniformados y tres funcionarios, bloquearon la Autopista del Sol, se apropiaron de un vehículo blindado de la policía y ocuparon edificios públicos. Exigieron la libertad de Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo, líder de transportistas de Colotlipa, detenido con armas y drogas.

Dos tomas y dos lógicas. La primera, protagonizada por un movimiento de autodefensa legítimo. La segunda, orquestada por un grupo criminal.

La reciente ocupación de Chilpancingo estuvo precedida por la aparición, el 24 de junio, de siete cuerpos descuartizados en la avenida 16 de septiembre. En el toldo de una camioneta se colocaron cartulinas verdes con narcomensajes, en que se pedía a la presidenta municipal de Morena en la ciudad, Norma Otilia Hernández Martínez, un “segundo desayuno”. El primero fue con el jefe de Los Ardillos.

Los Ardillos es una banda con estrechas ligas con el PRD y el PRI locales, lídereados por Celso Ortega. El narcocorrido que canta sus glorias, interpretado por Abel Zazueta y los de Culiacán, comienza: “Inicié como cualquiera desde abajo / aunque suene muy trillado. / No es el típico corrido pa’ halagar a un presumido / y mentir no tiene caso. / Lo que viví yo fue muy cabrón. / Desde morrillo decidí que pa’ defenderme de los abusones / tenía que tirar putazos. / Cien por ciento guerrerense, / soy Ortega y orgulloso de mi gente” (https://shorturl.at/bFXY2).

Desde 2022 disputan con Los Tlacos la plaza de Chilpancingo. El 10 de junio de ese año, por redes sociales, éstos anunciaron el inicio de una guerra contra Los Ardillos, a los que culpan de extorsiones, plagios y asesinatos de transportistas en esas fechas en la capital del estado.

LosTlacos son delincuentes con base en Tlacotepec, municipio Heliodoro Castillo, encabezado por Onésimo Marquina. En sus orígenes suplieron la falta de policías municipales para luego dedicarse de lleno a la industria criminal. En Huitzuco de Figueroa y otras localidades controlan los precios en tortillerías y pollerías.

Según los de Tlacotepec, Los Ardillos llevan más de 25 años operando bajo el cobijo de gobiernos perredistas; matando indígenas, mujeres, niños y ancianos; secuestrando, desapareciendo y cobrando extorsiones, así como manejando y saqueando los recursos económicos de varios ayuntamientos en su zona de influencia. Operan más de 500 taxis y Urvans obtenidas de manera irregular en la pasada administración, con la colaboración de altos funcionarios del trasporte público. Aseguran que “han asesinado a una treintena de líderes transportistas que no estaban de acuerdo con el grupo”.

La disputa por Chilpancingo se da en el marco de la formación, en abril pasado, de la Federación Guerrerense, reagrupamiento de grupos criminales en el estado, para enfrentar a La familia michoacana, dominante en Tierra Caliente. Pancartas en varias ciudades de la entidad, anunciaron su nacimiento. La familia no ha podido entrar en Costa Grande, Taxco, Iguala y Cocula.

La caída de la siembra de amapola (maíz rojo), como resultado de la expansión del consumo de fentanilo, ha empobrecido enormemente muchas comunidades y trastocado las modalidades de la industria criminal. Aunque hay dudas sobre su capacidad de adaptación, en lugares como Atoyac y Tecpan, ha favorecido la siembra de hojas de coca. También ha impulsado (más aún) la producción de cristal, el narcomenudeo, el secuestro, la trata de personas, el cobro de derecho de piso, el control del transporte y de las actividades económicas de municipios completos (como la venta de pollo). Por supuesto, controlan presupuestos de alcaldías y obras públicas.

Según dijo el ex obispo Salvador Rangel a Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada, el gobierno estatal y el de Chilpancingo permitieron la entrada a la capital del estado de Los Tlacos, desplazando al Cártel del Sur, que la controló durante tres años. Asegura que “el origen de los problemas en la capital de la entidad es la relación de los de Tlacotepec con Chilpancingo”. Algo sabrá al respecto.

Twitter: @lhan55