Londres. El Parlamento británico adoptó este martes una controvertida ley contra la inmigración ilegal, que restringe drásticamente el derecho al asilo y que fue criticada por la ONU, que advirtió que va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas.

El texto es una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak (conservador), que se impuso la prioridad de luchar contra la inmigración irregular y prometió "detener" las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha.

Los migrantes que lleguen de forma ilegal al territorio británico ya no podrán pedir asilo en el país, según la ley.

Además, el gobierno británico quiere que estos sean rápidamente detenidos y expulsados, ya sea a su país de origen o a otro Estado como Ruanda, vengan de donde vengan.

El proyecto de ley sobre inmigración estuvo bloqueado durante semanas en el Parlamento, pues la Cámara de los Lores pidió numerosas enmiendas, para restringir las detenciones de menores y para evitar formas de esclavitud moderna.

Fue adoptado el martes de madrugada y tendrá que ser ratificado por el rey Carlos III, una formalidad.

La ONU condenó la ley, afirmando que entra "en contradicción" con las obligaciones del Reino Unido respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados.

El texto tendrá "profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional", denunciaron en un comunicado conjunto el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.

Los migrantes no tendrán "garantía alguna de poder beneficiarse de una protección en el país" al que serán expulsados, denunció la ONU.

Según Naciones Unidas, la ley "crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado".

Según la oenegé británica Refugee Council, "es un día oscuro" para la reputación del Reino Unido. "Un gobierno está en problemas y está probando el viejo método que consiste en (…) acusar a los migrantes de sus propios fracasos", lamentó Michael Rosen, un activista de los derechos de los refugiados que protestaba con decenas de personas el martes frente al Parlamento.

"Saltarse la fila"

En 2022, más de 45 mil migrantes cruzaron el canal de la Mancha, sobre todo desde Francia, en pequeñas embarcaciones, un récord. En lo que va de año, lo hicieron más de 13 mil. En el primer trimestre, la mayoría eran afganos.

El gobierno acusa a los migrantes irregulares de "saltarse la fila de espera" en detrimento de quienes llegan al país por "vías seguras" o legales.

Sin embargo, "la mayoría de las personas que huyen de la guerra o de la persecución no tienen acceso a documentos como pasaportes o visados", responde la ONU. "Las vías seguras o 'legales' pocas veces están disponibles para estas personas".

El año pasado, el Reino Unido alcanzó un acuerdo con Ruanda para enviar allí a migrantes en situación irregular, pero de momento no se ha realizado ninguna expulsión. El primer vuelo en el marco de este pacto, previsto en junio de 2022, fue cancelado a raíz de una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A finales de junio, la justicia declaró ilegal ese proyecto, pero el gobierno anunció que recurrió el fallo.

El jefe espiritual de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury Justin Welby, quien también es miembro de la Cámara de los Lores, señaló que "no [ve] cómo" podrá esa ley acabar con las llegadas de embarcaciones de migrantes. "No he escuchado nada que me haya convencido", declaró durante los debates.

Por otro lado, unos 500 solicitantes de asilo serán instalados en un pontón, amarrado en un puerto inglés, para reducir costes de alojamiento en hoteles.

La barcaza, llamada "Bibby Stockholm", llegó el martes al puerto de Portland, en el sur de Inglaterra. Fue muy criticada por oenegés, que la calificaron de "barco-prisión".