Lima. El palacio presidencial de Perú y el edificio del Congreso en Lima lucen desde ayer protegidos con rejas y policías antimotines, dos días antes de una marcha que exige otra vez la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los legisladores, en lo que se prevé que sea la reanudación de las protestas de oposición que agitaron el país a principios de año y que dejaron 67 muertos y mil 900 heridos.

La plaza mayor de la capital, ubicada frente al palacio presidencial, también quedó aislada y enrejada en medio del fastidio de comerciantes, turistas y transeúntes que tenían que rodearla para llegar a bancos, tiendas de chocolates, cafés y sitios históricos.

Para mañana está prevista una protesta de 4 mil manifestantes, según cálculos de la policía, para mostrar el malestar de los ciudadanos con el gobierno y pedir justicia por los civiles asesinados en las movilizaciones de diciembre a febrero, cuando la presidenta Boluarte remplazó a Castillo tras su destitución por el Congreso.

La gobernante hizo un llamamiento a la unidad de los peruanos ante la convocatoria de una decena de organizaciones sociales, incluidos sindicatos y federaciones de estudiantes.

“Necesitamos querernos y encontrarnos... y no requerimos de aquellos mensajes que nos separan”, sostuvo en una ceremonia a puerta cerrada dentro de un centro de convenciones. Citó pasajes de la Biblia y remató: “amaos los unos a los otros”.

Pero su ministro del Interior, Vicente Romero, fue directo e indicó en la televisora pública que tenían “identificados a todos los dirigentes” de la protesta y los harán responsables si “vuelven a incendiar la pradera, a quemar instituciones públicas y privadas”.

Además, la policía anunció que este miércoles, debido a la movilización, enviará 8 mil agentes a las calles de la capital para controlar el orden público. En las entradas norte y sur de Lima, los agentes revisaban desde la semana pasada los documentos de identidad de los pasajeros de autobuses que llegaban desde los Andes.