A más de 16 años de que el gobierno extinguió la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en “trámite” 238 indagatorias por desaparición forzada y tortura, además de otros delitos que se cometieron entre las décadas de los 60 y 80, durante la llamada guerra sucia.
Con base en los criterios aplicados en el caso Ayotzinapa contra el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, así como los acuerdos internacionales firmados por México, los delitos de desaparición forzada y tortura se han convertido en imprescriptibles y los responsables pueden ser juzgados por delitos de lesa humanidad, aseguró el jurista Epigmenio Mendieta.
Entre enero de 2012 y 2014, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales concluyó 135 averiguaciones previas, de 570 indagatorias que comenzó la Femospp.
Todos los casos eran de desaparición forzada de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado en los años 70 y 80.
En 74 casos la autoridad determinó no ejercer la acción penal, informó en junio de 2017 la entonces Procuraduría General de la República a una solicitud planteada por La Jornada.
La Femospp inició 294 investigaciones por desaparición forzada de personas. En 2017 el número se redujo a 235, porque en 34 ese órgano judicial se declaró incompetente y las turnó a fiscalías locales. Otras 25 averiguaciones previas se acumularon a otros expedientes, porque en dos o más la indagatoria era sobre las mismas personas.
En el periodo 2012-2014 el Ministerio Público Federal determinó no ejercicio de la acción penal en 67 averiguaciones previas por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y homicidio, en otras 43 se declaró incompetente y en 14 dictó un acuerdo de acumulación.
En enero de este año, también en respuesta a una solicitud de información de La Jornada, y que tuvo que ser resuelta por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la FGR respondió que en la actualidad se encuentran en trámite 238.
Información clasificada
Los expedientes aún vigentes están en manos de la Coordinación General de Investigación de la FGR.
En enero pasado la FGR declaró clasificada la información sobre el número de indagatorias relacionadas con la Femospp que fueron judicializadas en el periodo de diciembre de 2018 a la fecha de respuesta, así como el número de casos en los que obtuvo vinculación a proceso, de formal prisión o de libertad para los acusados.
En enero de 2022, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) hizo patente a Carlos Ruiz Abreu, director del Archivo General de la Nación (AGN), su preocupación porque archivos de la FGR relacionados con indagatorias que comenzó la Femospp fueron enviados al fondo de concentración y podrían ser destruidos conforme a la Ley General de Archivos.
El oficio de la CNB, del cual tiene copia este diario, sugiere que el AGN valore la transferencia de ese lote de documentos, cuyo ciclo vital está próximo a terminar. La comisión señala que basa su propuesta en el decreto de creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Los documentos “consisten en expedientes de averiguaciones previas abiertas por la Femospp entre 2002 y 2006, archivadas de manera definitiva, tras recaer en ellas una determinación de no ejercicio de la acción penal”.
La CNB señaló tener conocimiento “de 198 cajas de estas averiguaciones previas, compuestas por un número variable de tomos y anexos, contenidas en 98 cajas”.
Interés histórico
Advierte la posibilidad de que haya “documentación adicional de interés histórico” y que en las carátulas de los expedientes se señala que “el plazo de conservación es de 12 años y, dado que el cierre de muchos tuvo lugar en 2010, se avecina el momento de evaluar la baja de los documentos”.
En febrero, el Archivo General de la Nación respondió que “es atribución de los sujetos obligados realizar la valoración documental de sus archivos, para posteriormente solicitar la emisión de dictamen de baja documental o transferencia secundaria”. Es decir que quien decidirá el destino de los archivos es la FGR.
Dicha fiscalía informó en marzo pasado que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales “manifestó que la documentación contenida en las 98 cajas referidas no han sido objeto de baja documental”.
