En años recientes los ataques a defensores ambientales se han diversificado, ya no son únicamente un tema rural que afecta a campesinos e indígenas, pues se han extendido a diversos sectores y a zonas urbanas. Apenas en junio pasado se reportaron los asesinatos de los investigadores Álvaro Arvizu y Cuauhtémoc Márquez, en el estado de México, mientras en la capital del país se han elevado las agresiones de forma exponencial, ya que pasaron de cinco sucesos en 2021 a 27 en 2022, sostuvo Itzá Castañeda, directora de equidad del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

Este 17 de julio es el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, establecido por decreto el 5 de mayo de 2022. Se conmemora en un contexto del agotamiento de los recursos naturales, con lo cual se espera una mayor protección hacia los activistas y, en consecuencia, se prevé un aumento de la violencia “porque son intereses de los poderes fácticos, de megaproyectos y megainfraestructura”.

En entrevista con La Jornada, Castañeda sostuvo que en nuestro país preocupa mucho esa situación, ya que de acuerdo con los reportes de Global Witness y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), es de los que más agresiones registra, “el panorama que tenemos, basado sobre todo en los reportes de los informes de esas organizaciones, es alarmante”.

El Informe sobre la situación de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales 2022, reportó que un año antes se presentaron 582 agresiones en 197 eventos, un aumento de 82 sucesos respecto a los que figuraron en los reportes de 2021, y 24 personas fueron asesinadas. Con registros desde 2014, el año pasado ha sido el más violento.

Aqueja zonas rurales

De acuerdo con el Cemda, de las 24 agresiones letales 10 fueron en el sector de biodiversidad, seis en el forestal, dos en energía eléctrica y dos en el de contaminantes; 52 por ciento de las agresiones fueron contra personas indígenas, sobre todo en zonas rurales.

Este año se han acumulado agresiones y asesinatos, dijo Castañeda, ya que sólo en junio se perpetraron los de Álvaro Arvizu, de la UAM, fundador del Centro para la Sustentabilidad de la Sierra Nevada Incalli Ixcahuicopa, y de Cuauhtémoc Márquez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en Tlalmanalco, estado de México.

Ante este panorama, destacó que hay un aumento de problemas ambientales, por ejemplo, en el rubro del agua cada vez hay más protestas, mientras 78 por ciento del territorio nacional está bajo estrés hídrico. Si la crisis continúa se esperarán más problemas. Nuevo León, Guanajuato, Guadalajara y la Ciudad de México están en una situación difícil, hay desarrollos urbanos sin planeación y a eso se suma que las aguas residuales no tienen tratamiento adecuado.

En la medida que no haya una política integral ambiental esto seguirá creciendo, no sólo son los riesgos de las personas defensoras y sus familias, sino que ya hay comunidades desplazadas y criminalización con la pérdida de medios de vida, “son personas que carecen de recursos económicos, de acceso a medios legales y capacitación para superar las amenazas”.

La funcionaria del WRI hizo “un fuerte llamado para que no se normalice la violencia contra quienes trabajan por la defensa de los recursos y por mecanismos para revertir la destrucción de la naturaleza”.

Agregó que se debe aplicar el Acuerdo de Escazú, que México ratificó en 2021 porque uno de los puntos que establece el acceso a la justicia ambiental y la protección de los defensores del medio.