El Parlamento suizo decidió que la investigación que realiza sobre la quiebra de Credit Suisse (CS), el gigantesco banco que colapsó en marzo pasado, se mantenga en secreto durante 50 años.

La pesquisa del Legislativo no sólo se centra en la entidad financiera en quiebra sino también en las medidas del gobierno, del organismo regulador y del banco central hasta antes de que otro gran banco, USB, comprara la empresa para evitar un desmoronamiento de todo el sistema financiero de la Federación Helvética y acaso, del mundo.

Al anunciar la insólita decisión, el comité investigador estableció que “todas las personas que participen en las reuniones y en los interrogatorios están sujetas al deber de secreto, no sólo los miembros de la comisión, sino también los propios entrevistados”, y que quienes violaran la confidencialidad podrían exponerse a penas de seis meses a tres años de prisión. La justificación del secretismo es que “las indiscreciones complican el trabajo o dañan la credibilidad de la comisión y pueden tener consecuencias negativas para el centro financiero suizo”.

Como se recordará, el sistema bancario suizo era visto como un refugio seguro para fortunas dudosas por parte de empresarios y políticos corruptos, dictadores y mafiosos de todo el mundo, y ello convertía a Suiza en destino de cuantiosos capitales. La seguridad –y la impunidad– que ofrecían los bancos de ese país se fueron debilitando a raíz de presiones internacionales para que el gobierno de Berna permitiera investigar el origen de dineros considerados mal habidos.

Un capítulo importante del subsecuente proceso de apertura fue el que en la última década del siglo pasado protagonizó Carla del Ponte, por entonces fiscal general suiza, sobre los cien millones de dólares que Raúl Salinas de Gortari tenía depositados en cuentas bancarias, ante la sospecha de que la suma pudiera proceder del tráfico de drogas.

A raíz de ese y otros avances de la transparencia, Suiza fue perdiendo su condición de paraíso fiscal papel que fue asumido por otros puntos del globo como Liechtenstein y Mónaco, Bahréin, Gibraltar, Líbano, Liberia, Islas Caimán, Panamá y Andorra.

La decisión de ocultar los hechos en torno a la quiebra de CS por parte del Palacio Federal de Berna y su alusión a los riesgos para el centro financiero suizo obligan a preguntarse si se trata de una involución y de un retorno a la vieja opacidad. Más aún, la medida lleva a recordar el vergonzoso secreto impuesto en México por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional sobre los términos en los que fueron “rescatados” a expensas del erario cientos de grandes especuladores tras la crisis bancaria de los años noventa. A raíz de esa infamia, el país carga con una deuda que en la actualidad se estima superior a 2 billones de pesos y que obliga a pagar cerca de 50 mil millones de pesos anuales sólo en intereses.

Cierto es, el rescate de CS no tendrá para los suizos una consecuencia tan catastrófica como lo ha tenido para los mexicanos el Fobaproa y su conversión en IPAB, toda vez que en el caso del primero las deudas fueron asumidas por otra entidad financiera privada. Pero aun así, la ciudadanía de la Federación Helvética pagará un costo en forma de encarecimiento de los servicios bancarios, del desempleo de decenas de miles de empleados de CS que están siendo liquidados y de otras maneras menos visibles.

En ambos casos, los únicos que no pierden son los financieros y propietarios de grandes capitales involucrados en el desmoronamiento de Crédit Suisse, quienes no sólo pusie-ron a salvo su dinero sin también, gracias a los parlamentarios que los investigan, su credibilidad.