Lima. El palacio presidencial de Perú y el edificio del Congreso en Lima lucían el lunes protegidos con rejas y policías antimotines dos días antes de una marcha que exige otra vez la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y de los legisladores, en lo que se prevé que sea la reanudación de las protestas de oposición que agitaron el país a inicios de año y que dejaron 67 muertos y mil 900 heridos.

La plaza mayor de Lima, ubicada frente al palacio presidencial, también quedó aislada y enrejada en medio del fastidio de comerciantes, turistas extranjeros y transeúntes que tenían que rodearla para llegar a bancos, tiendas de chocolates, cafés y otros sitios históricos.

Para el miércoles está prevista una protesta con hasta 4 mil manifestantes, según cálculos de la policía, para mostrar el malestar de los ciudadanos con el gobierno y pedir justicia por los civiles asesinados en las movilizaciones de diciembre a febrero, cuando la presidenta Boluarte reemplazó a Pedro Castillo tras su destitución por el Congreso.

Con una impopularidad que supera el 80 por ciento en el caso de la mandataria y del 90 por ciento para los legisladores, de acuerdo a un estudio de opinión ciudadana a nivel nacional de la firma CPI publicado el lunes, Boluarte hizo un llamamiento a la unidad de los peruanos ante la convocatoria de una decena de organizaciones sociales, incluidos sindicatos y federaciones de estudiantes.

“Necesitamos querernos y encontrarnos… y no necesitamos de aquellos mensajes que nos desunen”, pronunció el lunes en una ceremonia a puerta cerrada dentro de un centro de convenciones. Citó pasajes de la biblia y dijo “amaos los unos a los otros”.

Pero su ministro del Interior, Vicente Romero, fue directo e indicó en la televisora pública que tenían “identificados a todos los dirigentes” de la protesta y los harán responsables si “vuelven a incendiar la pradera, a quemar entidades públicas y privadas”.

Además la policía anunció que el miércoles, día de la protesta, enviará 8.000 agentes a las calles de la capital para controlar el orden público.

En las entradas norte y sur de la capital, los agentes revisaban desde la semana pasada los documentos de identidad de los pasajeros de buses que llegaban a Lima desde los Andes, luego de que grupos de manifestantes de diversas regiones indicaran que estaban viajando a la capital para protestar. El gobierno también extendió por 30 días la suspensión de derechos constitucionales en vías claves de Perú, incluido el derecho a la libre reunión, para evitar posibles bloqueos carreteros.

“La presidenta no ha cumplido una demanda amplia durante todo el 2023 de convocar a elecciones generales luego de que Castillo salió del poder”, explicó a The Associated Press Omar Coronel, profesor de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú. El docente añadió que la represión violenta en contra de los que protestaban ha sumado una segunda capa de manifestantes en contra de la violación de los derechos humanos ejercida. “Eso ha hecho que crezca una oposición muy grande”, dijo.

Las protestas contra Boluarte empezaron el 7 de diciembre del año pasado cuando ella asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Parlamento para evitar una votación en su contra y terminó acusado y en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

Más de dos meses de manifestaciones, principalmente en los Andes pero también en la capital, dejaron 49 civiles muertos en choques con las fuerzas de seguridad y 11 más en accidentes de tránsito o bloqueos de vías relacionados con la protesta, así como siete uniformados fallecidos.

Las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como varias organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional mostraron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad. Las autopsias determinaron que 30 del casi medio centenar de víctimas civiles murieron por proyectil de arma de fuego.

El gobierno de Boluarte acusó a inicios de año al narcotráfico, la minería ilegal y al contrabando de ser los financistas de las protestas antigubernamentales, pero al momento no ha mostrado ninguna evidencia. La mandataria es investigada por la Fiscalía, junto a varios miembros de su gabinete, por las muertes en las manifestaciones.

Frente a los pedidos ciudadanos para que renuncie, la mandataria dijo en junio que no dimitirá y gobernará hasta 2026. Aunque varias iniciativas de adelanto electoral, incluidas del oficialismo, fueron rechazadas por el Congreso.

La nueva convocatoria a manifestarse, cuya duración no ha sido anunciada por los organizadores de la protesta, busca presionar para que haya una salida de las autoridades actuales.

Dos turistas españoles Gumer González y Raquel Martínez miraban la plaza mayor de Lima detrás de los barrotes y dijeron a la AP que les sorprendió encontrarla enrejada. “Son pocos lugares del mundo donde he visto plazas muy importantes que estén cercadas”, dijo González.

En una antigua casa del siglo XVI en una esquina frente al palacio de gobierno, Tomy Ríos, gerente de un museo-tienda dedicado a explorar y mostrar diversas variedades de chocolates, dijo con su local casi vacío que antes llegaban hasta 4 mil turistas por día. Ahora, sólo suman 500, indicó. “Básicamente es una vergüenza que estas autoridades crean que les pertenece la vía pública y pongan rejas”, dijo.