Ciudad de México. Al cumplirse hoy seis meses de la desaparición de Ricardo Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua, de Aquila, Michoacán, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las instituciones del Estado mexicano a redoblar los esfuerzos desplegados para la búsqueda y localización de los activistas.

Instó también a que se acentúe la coordinación entre autoridades para esclarecer el paradero de Ricardo y Antonio, quienes fueron vistos por última vez en los límites entre Colima y Michoacán.

“Todo ataque contra personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales requiere la adopción de medidas apropiadas, efectivas y oportunas para su investigación y sanción”, aseveró la ONU-DH, que enfatizó que esta obligación está reforzada por el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, ratificado por México.

Por su parte, en un pronunciamiento, las familias de Ricardo y Antonio, acompañadas por la Red Todos los Derechos Humanos para Todas y Todos, Idheas y Asesoría y Defensa Legal del Sureste, exigieron que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presente un plan integral de búsqueda con un análisis de contexto y líneas claras.

“Desde el momento de la desaparición, en enero de 2023, hemos solicitado el análisis sin que hasta el momento haya sido presentado”, reprocharon.

También demandaron a esta comisión que suministre información de forma confidencial a las familias sobre gestiones, obstáculos, resultados y próximos pasos en relación con la búsqueda.

De igual manera, la rendición inmediata de un informe escrito pormenorizado sobre los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán, indicando si algunos de estos coinciden con los defensores desaparecidos y descartando los resultados negativos.

Reiteraron su demanda de que se investigue y se ordene la aprehensión de todos los responsables involucrados en los hechos, así como que se indague la presunta participación de funcionarios vinculados con la empresa minera Ternium, que realiza trabajos de explotación de mineral en el municipio de Aquila, ya que Antonio y Ricardo representaban a la comunidad en diversos conflictos frente a dicha compañía.