Desde el domingo 19 de junio de 2016, Día del Padre y de plaza, la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, no ha sido la misma. Ese día siete personas civiles perdieron la vida, más de 85 resultaron heridas por disparos de arma de fuego y hubo cientos de afectados por golpes y gases lacrimógenos lanzados por las policías Federal y estatal hacia la comunidad que protestaba por las reformas educativas ejecutadas desde el representante del Poder Ejecutivo federal de ese momento. El caminar no ha sido fácil para las víctimas, pero su espíritu por esclarecer los hechos y obtener justicia ha sido mayor ante la evasión de responsabilidad del Estado mexicano. Las investigaciones de los hechos fueron iniciadas sin la participación de las víctimas y los primeros meses fueron aprovechados por las instituciones para perfilar un acto recurrente a fin de ocultar lo que en verdad ocurrió: la impunidad. Las propias instituciones fueron las que crearon la versión de un enfrentamiento, en la que convirtieron a los cuerpos policiales en víctimas y a la población civil en victimarias. Por lo tanto, ningún progreso en las investigaciones ha sido concesión del Estado, sino que han sido las víctimas quienes han avanzado paso por paso. Uno de estos logros fue en 2021, consiguiendo la comparecencia de altos mandos políticos y policiacos para declarar sobre su intervención antes, durante y después del operativo en Nochixtlán.
Después de este acto, las víctimas cuestionaron públicamente a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial federal por no llamar a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto para esclarecer lo acontecido durante su mandato, por lo que fueron solicitadas y libradas las primeras órdenes de aprehensión en contra de mandos de la policía estatal y federal por omisiones durante el operativo en Nochixtlán. Actualmente se procesa a un total de dos mandos de la policía estatal de Oaxaca y a cuatro de la entonces Policía Federal, de los cuales tres siguen su proceso en libertad, a pesar de que se les acusa de los delitos de homicidio y lesiones calificadas. Los procesos contra esos seis mandos policiacos pronto tendrán un veredicto, pues están en puerta las audiencias de juicio oral en las que comparecerán víctimas, testigos y peritos, quienes darán su testimonio y verdad sobre cómo ocurrieron los hechos durante ese fatídico día. Estas primeras audiencias de juicio serán de suma relevancia, pues marcarán un antes y un después en la lucha histórica de las víctimas de Nochixtlán.
De manera pública, el Comité de Víctimas de Nochixtlán ha señalado que el caso está en riesgo de ser contaminado por la corrupción e impunidad que impera en el Poder Judicial. Asimismo, que las conductas de algunos jueces les han colocado en desventaja frente a los policías procesados que dirigieron aquel operativo. Como se señala en la propia investigación, Nochixtlán no es un caso aislado en la historia de la represión, sino que pertenece a una serie de sucesos similares y violaciones graves a derechos humanos perpetuados por el Estado.
Lamentablemente, esta masacre forma parte de una larga lista de eventos emblemáticos sobre represiones emitidas por los regímenes políticos contra la protesta social, tal como ha sido desde el 2 de octubre de 1968. Si el camino en estos siete años ha sido difícil, los próximos meses podrían ser más complicados. Las víctimas no sólo tendrán que sentarse frente a quienes decidieron ser omisos y permitir que sus policías a cargo dispararan sus armas durante el operativo, sino que se enfrentarán a un Poder Judicial federal que se ha escudado engañosamente en su autonomía para absolver a los criminales y alentar la impunidad en el estado de Oaxaca y el país, por lo que en este caso se deben considerar y aplicar de manera efectiva las recomendaciones y sentencias internacionales que establecen una base sólida para que las víctimas puedan acceder a la justicia desde el enfoque de derechos humanos.
La batalla que viene para las víctimas de Nochixtlán no será fácil, pues no será una lucha estrictamente jurídica para sentenciar a sus victimarios, sino una lucha política por cambiar la propia historia de impunidad y corrupción hacia las víctimas desde el Poder Judicial. También es una batalla contra todo un régimen sistémico que se ha perfeccionado para proteger a quienes infringen la ley y desamparar a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Como lo mencionó Miguel Concha: “Para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental” ( La Jornada, 29/6/19).
El caso Nochixtlán no termina con la condena o absolución de los actuales procesados, sino con la transformación de las estructuras de injusticia e impunidad, hasta que la verdad y la justicia sean posibles.
* Coordinadora del CDH Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
