Hace dos décadas, la Secretaría de la Defensa Nacional y el extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) entregaron al Archivo General de la Nación los fondos documentales de los años de la llamada guerra sucia. Aunque incompletos y fragmentados, ahí están, para consulta de quien lo solicite. Pero para armar el rompecabezas íntegro de cómo fue la represión de esa época –especialmente entre 1965 y 1990– falta una pieza central: los archivos de la vieja policía capitalina, la “secreta” o División de Investigación y Prevención de la Delincuencia (DIPD).

Después de múltiples indagatorias y demandas de apertura, se les consideraba “extraviados” o “destruidos”. Hasta ahora. “Esto puede cambiar muy pronto”, asegura Carlos Pérez Ricart, uno de los cuatro expertos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH).

A raíz de la firma de un acuerdo entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, a principios de este mes se abrió el acceso a tres depósitos de archivos, uno de la policía y dos de la propia fiscalía.

Los investigadores ingresaron apenas el lunes pasado. “Si los archivos de Tlaxcoaque están ahí –potencialmente sí pueden estar– va a cambiar el enfoque de cómo hemos visto hasta ahora la época represiva de México, especialmente entre los 70 y los 80. Siempre se estudió desde una perspectiva nacional, pero fueron cuerpos subnacionales los que perpetraron las violaciones más graves al derecho humanitario. Y fue precisamente desde el entonces Distrito Federal donde operaron los actores más represivos del siglo XX, peores incluso que los agentes y jefes de la Dirección Federal de Seguridad”.

Lugar donde miran las serpientes

En náhuatl, Tlaxcoaque significa “lugar donde miran las serpientes”.

En el libro Historia de las policías en México, de Pérez Ricart y el investigador del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) Daniel Herrera Rangel, se documenta cómo, desde los tiempos de los llamados “Servicios Secretos” de la policía del DF, fundados en los años del cardenismo, hasta el año de su disolución formal, en 1986, todos los comandantes de la corporación policiaca fueron generales del Ejército.

Los autores describen las distintas transiciones de los cuerpos de seguridad, que pasaron de ser garantes de la seguridad y el tránsito de la ciudad capital en la primera mitad del siglo pasado a asumir tareas de infiltración de las agrupaciones opositoras, espionaje, control social hasta convertirse en “un engranaje represivo del Estado”, en asociación con los órganos federales, principalmente la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El proceso de construcción de este brazo violento del autoritarismo, según documentan los investigadores en su libro, aún inédito, arranca en los años de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), cuando la “Secreta” juega un papel importante para el acoso de los movimientos magisterial, de ferrocarrileros y médicos. Es en esa época cuando se da a conocer por sus habilidades de torturador un joven oficial, Miguel Nazar Haro.

Son también los años del reinado del “regente de hierro” Ernesto Uruchurtu, quien gobierna la ciudad durante 14 años.

Para 1968, con el auge del movimiento estudiantil, ya se denomina División General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y comparte tareas represivas con la DFS y la Brigada Blanca, al lado de la fuerza de choque, el Cuerpo de Granaderos, que se forma en 1958 y que perdura 70 años, hasta que en 2018 la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ordena su disolución.

En esos años de sangre y fuego, el comandante de la DIPD fue el general Luis Cueto Ramírez y el subjefe Raúl Mendiolea Cerecero.

Con la llegada Alfonso Martínez Domínguez como regente, el comandante es el coronel José Rogelio Flores Curiel.

Con José López Portillo en la presidencia (1970) inicia otro periodo de terror en la policía con su amigo Alfonso El Negro Durazo. Se dice que el grado de general del comandante Durazo no era real. El de Francisco Sahagún Baca, su subjefe, sí lo fue. El libro describe ese “reinado negro” en el que, junto con la violencia y la represión sin cortapisas, la policía llegó a controlar todo el contrabando, el tráfico de drogas y el tráfico del trabajo sexual en el DF.

¿El final?

En 1982 el escándalo provocado por la aparición de los cuerpos desmembrados de siete personas en el río Tula estalló. En medio del desprestigio, al asumir la Presidencia Miguel de la Madrid ordenó la disolución de la DIPD.

Sin embargo, así como prevalece, aunque clausurada, el área de los separos subterráneos, “la cadena de complicidades y sucesivos mandos corruptos y autoritarios de las corporaciones policiacas de la ciudad continuaron hasta bien entrado el gobierno del jefe Miguel Mancera”, según el trazo histórico que siguen las investigaciones de los profesores Pérez Ricart y Herrera.

Los testimonios

Para las víctimas y sobrevivientes de Tlaxcoaque “brindar su testimonio a fin de sacar a la luz los crímenes que se cometieron contra ellos y ellas, contra sus familias y sus descendientes, siempre fue un proceso liberador”, considera la directora de Casa Refugio Citlaltépetl, María Cortina. Es la sede asignada por la Comisión de la Verdad para recibir y registrar las declaraciones.

Cuando acuden, ella siempre espera a los declarantes en la puerta. Conversa con cada uno mientras los conduce a las oficinas donde los atienden los investigadores del MEH. “La mayoría son adultos mayores, muchos con secuelas diversas. Algunos hablan de esas historias por primera vez. Ni siquiera sus hijos las conocían. Los oprimió el silencio durante demasiado tiempo”, explica.

A cada uno se le pregunta si desea que su relato sea grabado en audio o video. Hay algunos que piden que no. “Los disidentes políticos, ya sea estudiantes o de organizaciones sociales o armadas, vienen más preparados. Quieren dejar registro de todo. Tienen la determinación de dejar huella en la memoria colectiva de la ciudad. Pero para los que no pertenecen a ese grupo, las mujeres trans, los que fueron jóvenes banda o niños de la calle, es más difícil. Requiere mucho valor sentarse a recordar todo, a contarlo todo, a revivirlo. Algunos piden el anonimato. A veces se quiebran. Hay que hacer pausas. En ocasiones me pidieron que los acompañara durante su declaración. He visto cómo, en la medida en que hablan, se van liberando. De alguna manera es una recuperación de su dignidad”.

Desde febrero pasado, cuando inició el proceso de registrar y depositar los relatos testimoniales de las víctimas y familias de los años represivos en la CRC, han acudido 26 declarantes.

No son declaraciones ministeriales, sino testimoniales para acceder a la verdad. Los expertos del MEH suelen explicar que, aunque el mecanismo y las fiscalías pueden trabajar en paralelo, son tratamientos distintos. Si bien la reconstrucción de los relatos sobre lo acontecido puede llegar a ser la puerta para acceder a la judicialización de los casos, no siempre será así.

Explica Pérez Ricart: “En el caso específico de Tlaxcoaque estamos trabajando de la mano con la Fiscalía de la Ciudad de México, que tiene destinados varios ministerios públicos a estas averiguaciones previas. Pero en nuestro caso también hemos recibido testimonios de perpetradores que han hecho su aporte a la verdad y al esclarecimiento bajo el compromiso de la confidencialidad y la reserva. Es un compromiso importante para potenciar al máximo el rescate de la verdad”.