Organizaciones feministas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública, la persistencia de la violencia obstétrica en los países de la región, incluido México.

Erradicar los estereotipos de género y el machismo en los servicios de salud reproductiva en América Latina aún es “una deuda pendiente”, aseveraron.

Este tipo de agresión va desde el uso de lenguaje ofensivo durante el parto hasta la práctica de cesáreas injustificadas y la esterilización no consentida o forzada.

En audiencia pública, Rebeca Ramos, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expuso que en México el sector público concentra más de 70 por ciento de los partos y se estima que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica.

La especialista dio a conocer que una de cada dos mujeres menores de 20 años de edad con discapacidad sufrió por lo menos un tipo de violencia obstétrica durante su último parto.

Indicó que reconocer y nombrar estas agresiones ha contribuido a verlas como una forma específica de violencia institucional y de género, que constituye una violación a los derechos humanos.

No obstante, señaló que sería problemático tipificarla como un delito, porque implicaría una reacción mediante acciones punitivas e individuales, lo cual genera resistencias entre personal de salud que con frecuencia enfrenta condiciones adversas para realizar su trabajo.

“La criminalización no soluciona la violencia obstétrica como el problema estructural que es”, más bien distrae a los estados de su obligación de resolver las deficiencias en infraestructura y equipamiento de los centros de salud, mencionó Ramos.

El Estado tiene obligación de prevenir las agresiones

En la audiencia, durante el 187 periodo de sesiones de la CIDH, Carmen Cecilia Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, recordó que los estados tienen la obligación de prevenir y abstenerse de practicar violencia obstétrica.

Ante la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, representantes de diversas organizaciones de Perú, Chile, Colombia y Argentina manifestaron la necesidad de avanzar en una educación con enfoque de derechos humanos, de género y de cuidado diferencial, que sea transversal y obligatoria en todas las profesiones de la salud y afines, así como la sensibilización permanente del personal sanitario.

De igual manera, expuso la relevancia de brindar educación y empoderamiento a las mujeres, niñas y adolescentes en derechos humanos y que se invierta en la infraestructura e insumos que los centros de salud requieren.