Con la aprobación de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se busca garantizar el derecho humano a la ciencia, pero también que el quehacer científico se genere a favor de la soberanía nacional y la construcción de la paz, con justicia social, afirmó María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías(Conahcyt).

Al participar en el programa Defendemos al Pueblo, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde la aprobación del nuevo marco normativo “participa por primera vez en el máximo órgano de decisión del Conahcyt”, recordó Álvarez-Buylla que la oposición a esta norma “se genera desde los intereses creados de quienes se beneficiaron con transferencias millonarias, muchas veces a la iniciativa privada, incluso trasnacionales como Monsanto Company y Bayer”.

Destacó que la ley establece en su artículo segundo el que “toda persona, de forma individual y colectiva, tiene derecho a participar y acceder al progreso humanístico, científico y tecnológico, así como a gozar de sus beneficios sociales”.

Lo anterior, afirmó Elena Álvarez-Buylla, genera un nuevo compromiso del Estado, porque “no se puede llegar a la paz sin resolver los graves problemas de injusticia social. Y no sólo se enuncia este derecho, sino que la propia norma establece mecanismos y estructuras que permiten habilitar este derecho”.

La funcionaria agregó que los académicos e investigadores que impulsan una ciencia comprometida social y ambientalmente participan en proyectos de investigación multidisciplinarios que abordan temas que impactan a las comunidades como la contaminación de cuerpos de agua, suelos y alimentos.

La evidencia científica, señaló Álvarez-Buylla, también puede ayudar a múltiples luchas sociales de las comunidades para defender sus ecosistemas o demandar la remediación de graves daños ambientales, “conocimiento que también nos permite impulsar el cambio de reglamentos y marcos regulatorios”.