Las instituciones de asistencia brindan apoyo social, principalmente a personas en situación de vulnerabilidad o condición de desventaja física, psicológica o social. En nuestro país tienen un papel fundamental al aminorar la falta de atención estatal que padecen tales individuos.
Estas asociaciones también tienen beneficios fiscales y algunas no cumplen con su cometido natural. Por ello, en 2021 entraron en vigor diversas modificaciones legales que, como se dijo en la exposición de motivos, estaban dirigidas a robustecer la vigilancia sobre donatarias autorizadas, ya que la autoridad fiscal detectó prácticas de evasión o elusión fiscales.
Entre esas medidas, el artículo 82, fracción V, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dispuso que en caso de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma, deberán destinar la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles de tal impuesto. Por eso, antes de la entrada en vigor de esas disposiciones, muchas instituciones de asistencia solicitaron que ya no se les renovara la autorización para recibir donativos deducibles.
En junio de 2023, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió un asunto de este tipo, en el cual, a pesar de la solicitud de la asociación, la autoridad fiscal decidió renovar su autorización, lo que tendría como efecto la aplicación del nuevo marco normativo. Se declaró la nulidad del acto impugnado, pues la autorización para recibir donativos deducibles tiene vigencia únicamente en el ejercicio fiscal por el que se otorgue por lo que, al haber manifestado con la debida anticipación su voluntad de no renovación, la autoridad no debió incluir a la demandante en el listado respectivo publicado en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
La vigilancia respetuosa de los derechos de tales instituciones deberá llevar a evitar la evasión fiscal, pero también a propiciar que sean útiles para los más necesitados ante la creciente demanda de servicios estatales.
