Varios precandidatos han pedido que los titulares del Poder Judicial sean electos por voto directo. Si se pidió para ministros, habría que hacerlo con jueces y magistrados (se eligen por concurso) o habría doble forma de elección judicial: voto y concurso.

Cambiar a todos los jueces, magistrados y ministros implica una nueva infraestructura electoral. En reciente concurso para ser juez federal hubo 2300 sustentantes para 30 plazas (77 personas por lugar). Con más de 1500 juzgadores federales, su elección sería muy cara. Añádanse al costo de intentarlo, el pago de sus pensiones. Si son más de 1500 juzgadores federales, con 76 candidatos por plaza, serían 114,000 campañas federales. Si sólo concursaran integrantes de 10 partidos, serían 15,000 campañas, todas pagadas por el Estado. Y faltan los jueces locales.

Si los candidatos salen de los partidos será sin los cursos de la Escuela Judicial (requisito legal). Así, o se nombran magistrados sin conocimientos jurídicos procesales o se afilia a un partido la estructura judicial; y habría un enfrentamiento entre los nuevos militantes y los viejos militantes. En todo caso, los candidatos buscarían establecer en campaña su mayor conocimiento en la materia judicial, lo cual es difícil transmitir al electorado. Ello suponiendo que éste estuviera interesado en conocer posturas técnico-jurídicas.

Habrá que buscar otro camino para lograr el voto directo. Ahora, si de verdad ello legitima, carecería de sentido que hubiera recursos (apelación, amparo, etc.) y lo que dijera el juez electo sería la verdad final. Con tanto poder en manos de una persona sería necesario tener juzgadores municipales, estatales y federales con plena solvencia jurídica. Un militante partidista, centrado en la actividad política, no en la judicial, difícilmente lo tendrá.