El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el diputado del PAN Jorge Romero Herrera, ex delegado de la misma demarcación, promovieron juicios de amparo para impedir que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) los investigue por presuntos actos de enriquecimiento ilícito en la trama conocida como cártel inmobiliario. El juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la capital del país admitió a trámite la demanda de garantías, pero fijó para el día 25 de este mes la celebración de la audiencia constitucional donde determinará si concede la suspensión definitiva.
Ambos políticos han sido involucrados en la maraña de corrupción tejida por el panismo capitalino en su principal feudo. El alcalde actual fue señalado de manera directa por un testigo protegido, quien denunció que Taboada le exigió realizar obras que no le serían pagadas a fin de que las facturasen y cobrasen por ellas empresas fantasmas ligadas al PAN. Esta operación habría dado continuidad al modus operandi del hoy preso ex jefe delegacional Christian von Roehrich, cuyo gobierno autorizó la edificación irregular de viviendas adicionales en el complejo City Towers, en el que él mismo, Víctor Mendoza (hermano del diputado del PAN Luis Mendoza), el hermano de Nicias Aridjis (director general de Obras y Desarrollo Urbano de 2006 a 2018) y el suegro de Jorge Romero poseen seis departamentos; dos Roehrich y Mendoza, y otro cada uno de los siguientes mencionados. Se presume que todas estas unidades en el condominio de lujo les fueron entregadas como soborno, esquema que permitió a funcionarios y ex funcionarios panistas de Benito Juárez hacerse de cientos de propiedades en la alcaldía.
A Romero Herrera se le considera el jefe del grupo político que controla la vida interna del blanquiazul, no sólo en esa alcaldía, sino en toda la Ciudad de México. La naturaleza mafiosa de su poder, que comenzó a construir desde 2007 gracias a su cercanía con la familia del ex presidente Felipe Calderón, ha sido denunciada a lo largo de los años por sus propios correligionarios. Tras abandonar el PAN, Calderón y su esposa, la actual diputada federal Margarita Zavala, señalaron varias veces su cacicazgo: en 2018, el michoacano lo acusó de manipular el padrón interno del PAN capitalino y de encabezar la corrupción en la Benito Juárez; en 2020, publicó un libro donde afirma que Romero es famoso por extorsionar a empresas, y que “asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes”.
Por añadidura, como diputado local Romero Herrera integró con los perredistas Mauricio Toledo (prófugo) y Leonel Luna (fallecido) la Comisión para la Reconstrucción tras el devastador sismo del 19 de septiembre de 2017, encargo en el que manejaron 8 mil millones de pesos por los cuales nunca rindieron cuentas.
Con este historial a cuestas, la solicitud de un amparo que impida el esclarecimiento de los escándalos en los que se encuentran envueltos constituye poco menos que una confesión de culpabilidad, pues una persona inocente exigiría que se lleven a cabo las indagatorias correspondientes a fin de deslindar responsabilidades y despejar cualquier duda en torno a su honorabilidad. Encuanto al juzgado que admitió el recurso de estos personajes, resulta vergonzoso que admita a trámite una petición semejante. Si llegara a otorgarse la suspensión contra los actos de la FGJ, estaremos ante una enésima confirmación de que el Poder Judicial ha dado la espalda a la ley y a la justicia para erigirse en el brazo jurídico de las derechas mexicanas.
