El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, y el diputado federal del PAN Jorge Romero Herrera promovieron juicios de amparo contra la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por presuntos actos de enriquecimiento ilícito, ya que la autoridades los relacionan con el llamado cártel inmobiliario.
Los funcionarios tramitaron las demandas ante el juzgado segundo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México contra Hamlet Jesús González Sánchez, agente del Ministerio Público de la agencia investigadora A, de la Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc.
Taboada reclama, entre otras cosas, la recopilación de los datos de sus cuentas bancarias. Ambos casos están relacionados dentro de la carpeta de investigación CI-FIEAE/D/UI-1 C/D/00246/11-2021.
El impartidor de justicia admitió a trámite los juicios, pero no otorgó la suspensión provisional, y fijó para el 25 de julio la audiencia constitucional en la que determinará si concede la suspensión definitiva.
Actividades ilícitas
El alcalde está acusado de participar en la red de corrupción inmobiliaria que encabezó el ex jefe delegacional Christian von Roehrich y de la cual posiblemente se benefició el diputado federal del PAN Jorge Romero, informó en su momento la FGJ.
De acuerdo con las investigaciones, Taboada y otros ex funcionarios de la Benito Juárez “continuaron con el mismo modus operandi para llevar a cabo actividades ilícitas en el sector de bienes raíces y probablemente hacerse de manera irregular de diferentes inmuebles”.
En su declaración, el socio mayoritario de uno de los desarrollos, Dionisio N, quien se acogió a un criterio de oportunidad, denunció que en diciembre de 2018 Taboada lo citó para pedir “apoyo en la remodelación de la sede delegacional afectada por el sismo de 2017.
“Las obras se realizaron de febrero a noviembre de 2019 con un costo de 25.5 millones de pesos, que sería cubierto por la empresa Construcciones y Desarrollos Virtuales, cuya apoderada legal es Soraya von Roehrich, así como por Diseños y Construcciones JP, Constructora Tesaval y Grupo Comercial Díaz Mendoza, las cuales suponemos que eran cercanas a la alcaldía, y de esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación.”
