Tres manifestaciones frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) colapsaron las avenidas Balderas, Niños Héroes y Doctor Río de la Loza, lo que afectó a miles de conductores y usuarios del transporte provisional por el cierre parcial de la línea 1 del Metro.

Familiares y amigos de Daniel Benítez, vinculado a proceso por su probable participación en el secuestro agravado del estudiante de la Universidad del Pedregal, Daniel Ronquillo en 2019, denunciaron que la Fiscalía “está fabricando pruebas para acusarlo de un delito que no cometió”.

Su hermano Omar denunció que “no se ha permitido a nuestro abogado incorporar en el juicio –que se encuentra en su etapa intermedia– fotos, videos y la geolocalización de Daniel que demuestran que estaba a más de 10 kilómetros del lugar de los hechos con su novia”.

El oficial que realizó el cateo en nuestro domicilio, sin ninguna orden de aprehensión, “nos dijo que dichas evidencias serían suficientes para demostrar su inocencia y que fuéramos a declarar, lo cual hicimos porque no habíamos cometido ningún delito.”

Tras rendir su declaración, comentó que su hermano le llamó “y me dijo que ya iba al Reclusorio Oriente, donde permanece al quererle cuadrar las pruebas de su participación en el secuestro, lo cual no han podido hacer, por lo que exigimos sea liberado”.

El plagio del estudiante fue el 4 de junio de 2019 en la colonia Del Bosque, en Tlalpan, y cinco días después se encontró su cuerpo en Xochimilco. La causa de muerte se determinó que fue asfixia por estrangulamiento.

A esta protesta se sumó la de Adriana Chamosa, pues a un año y medio de presentar una denuncia contra su ex pareja, Antonio Luna, por abuso sexual contra sus hijos y tentativa de feminicidio, la carpeta de investigación “no avanza y ahora resulta que estoy imputada en otras indagatorias”.

El “poder económico de esta persona ha comprado a ministerios públicos, jueces y abogados para que la investigación no proceda, ofreciéndome 300 mil pesos para quitarla y hasta amenazándome de muerte, pero voy a continuar porque lo que les hizo a mis hijos de 8 y 4 años no quedará impune”.

Al mismo tiempo, parientes y amigos de 15 personas que se encuentran en reclusión realizaron un bloqueo en el cruce de Balderas y Chapultepec para después dirigirse a la Fiscalía, donde exigieron revisar las carpetas de investigación de sus casos, “ya que fabricaron pruebas para acusarlos de diversos delitos y llevan varios años sin sentencia porque no se los han podido cuadrar”.