El diputado local Jorge Gaviño Ambriz explicó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que invalidó 62 artículos de la ley de centros penitenciarios no implica cambios sustanciales en la normativa, pues quedan intactas las atribuciones que el Congreso capitalino quitó a la Secretaría de Gobierno y reasignó a la de Seguridad Ciudadana (SSC), como la administración de los penales.

En entrevista, explicó que a partir de ahora y de manera retroactiva las autoridades deben aplicar la ley federal en cuestiones que tengan que ver con penas; por ejemplo, el tratamiento de personas imputables, traslado de quienes están privadas de su libertad y la creación de bases de datos de reclusos.

Con la nulidad de varios artículos, Gaviño descartó que el Congreso local tenga que reformar nuevamente la ley, pues simplemente fueron anulados los preceptos.

Sin embargo, criticó que el trabajo legislativo “no tiene control de calidad”, y que la resolución de la Corte “es producto de la incapacidad de varios legisladores de presentar iniciativas sin revisar que ya están incluidas en las leyes federales”.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, lamentó la decisión de la Corte, pues los artículos implicaban la ubicación de los presos, generación de condiciones dignas para las visitas y servicios médicos pediátricos, que eran derechos progresivos que el código federal no prevé.

Consideró que la determinación “fue más por la forma y no al fondo”, lo cual es preocupante, pues “se discutió básicamente un formalismo y en esa lógica no hay atribuciones del ámbito local para legislar al respecto, cuando teníamos una ley más de avanzada y progresista que a escala nacional”.

Comentó que “son casi la mitad de los artículos de la ley anulados, que llevará a peinar todo el código, pero nosotros seguiremos la lucha para que se cambien los criterios, pues cuando hablamos de progresividad de derechos sí hay materia local para hacerlo”.

Mencionó que la comisión tramitó un recurso amicus curiae, hablando bien de la ley, “pero ya perdimos y ahora pueden darse amparos si hay alguna retroactividad en lo individual”.