La mayoría de adolescentes y jóvenes que se encuentran en centros de internamiento por conflictos con la ley provienen de contextos expuestos a la pobreza, violencia y marginación social y económica, así como con proliferación de grupos delictivos, aseveró la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
En los 45 centros de esta clase que hay en el país, están internadas mil 277 personas (hombres en su mayoría), sobre todo por homicidio (317), portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército (209), robo (208), delitos contra la salud (189), violación (145), secuestro (136), lesiones (98), delincuencia organizada (97), abuso sexual (39) y feminicidio (37), según un informe presentado ayer por la CNDH.
De acuerdo con una encuesta que se aplicó a 91 por ciento del total de internos, 70.9 por ciento señaló haber consumido drogas antes de su ingreso.
Al presentar el documento, Piedra Ibarra resaltó las afectaciones a infancias y juventudes que viven en situaciones adversas y de violencia. Es una realidad que “el narcotráfico se ha extendido cada vez más entre personas adolescentes y niños, que son reclutados, incluso, por la delincuencia organizada y capacitados para participar en todo tipo de actividades criminales”.
Es innegable, añadió, “que han desarrollado tolerancia a la violencia como mecanismo de resiliencia por su constante exposición directa e indirecta”, que ha repercutido en la garantía de sus derechos.
Hilda Téllez, directora general y encargada de despacho de la tercera visitaduría general de la CNDH, señaló que los centros con mayor número de adolescentes y jóvenes están en Sonora (202), estado de México (168), Zacatecas (124), Chihuahua (87) y Morelos (82).
Agregó que 46.7 por ciento señaló tener entre 17 y 18 años; 27.89 por ciento, más de 18, y 24.34 por ciento, entre 14 y 16. Además, 18.59 por ciento refirió estar en una relación, ya sea de matrimonio, unión libre o concubinato, y 19.45 por ciento respondió tener hijos. Respecto a la escolaridad, 52.36 por ciento cursó la secundaria; 23.39 por ciento, primaria; 20.05, la preparatoria, y 2.91 por ciento no estudia.
Téllez indicó que antes de estar en el centro, 44.22 por ciento tenía empleo; 22.79 eran estudiantes; 12.94 por ciento, comerciantes, y 11.65 por ciento no tenía ninguna ocupación.
Según el informe, 40.1 por ciento de los internos señaló que al momento de su detención fueron víctimas de algún acto de violencia o abuso de los servidores públicos.
Téllez manifestó que tras la visita a los centros también se detectó que hay deficiencias en el alojamiento y no cuentan con instalaciones dignas y seguras. Tampoco hay especialización de servidores públicos. Expresó que es preocupante que no existe adecuado seguimiento para las personas que consumieron drogas con anterioridad.
