Ante la negativa de la Fiscalía estatal de Morelos de entregar el expediente sobre las investigaciones relacionadas con el asesinato del activista Samir Flores a la Fiscalía General de la República (FGR), será un juzgado de control federal el que determine la competencia sobre el caso, informaron representantes legales de la familia y organizaciones. Exigieron que se resuelva en favor de la FGR y con ello se “demuestre que sí hay un interés con dar con la verdad y la justicia”.

David Peña, abogado, explicó que a en los más de cuatro años de investigación, la fiscalía local no ha podido avanzar en indagar el fondo del asunto. Si bien liberó órdenes de aprehensión contra tres personas presuntamente involucradas, una de ellas ya detenida, no ha investigado a los autores intelectuales.

Esta situación, dijo, llevó a que desde el año pasado contáramos la comunicación y colaboración con ella.

“De las investigaciones que nosotros hemos hecho, y que incluso la propia Fiscalía del estado de Morelos había hecho, hay la posible participación de agentes políticos de la zona involucrados”, en el asesinato de Samir, el 20 de febrero de 2019, mencionó en conferencia de prensa.

Por ello, destacó que es importante que la FGR atraiga el caso, lo cual ya quedó sentado en un acuerdo del 12 de junio pasado, pero que la fiscalía local se ha negado a cumplir.

Samantha César, integrante del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, señaló que la fiscalía local no ha realizado “una investigación seria y efectiva y durante este tiempo sólo ha mantenido una simulación de justicia y el encubrimiento hacia los verdaderos asesinos materiales e intelectuales de este atroz asesinato”.

Indicó que la justicia en el país “es una gran deuda hacia el pueblo mexicano, no es posible tanta impunidad y burla por parte de los que son los ‘garantes de la justicia’, no se puede decir que vivimos en democracia ni que primero están los pobres y el pueblo, si no existe realmente el acceso a la justicia, sino se conoce la verdad, si continúa el hostigamiento y judicialización hacia compañeros de la lucha de la que fue parte Samir Flores, como es el caso de Alejandro Torres Chocolatl de Zacatepec, Puebla”.

Carlos González García, integrante de la coordinación del Congreso Nacional Indígena, expresó que quienes acompañan el caso “vemos con coraje cómo están tratando de frenar que el asunto salga del fuero común de Morelos al federal porque evidentemente se está protegiendo a quienes deben estar detrás de este grave crimen”.

Nos queda claro, dijo, “que son esos intereses económicos, que están detrás de los negocios del Proyecto Integral Morelos, que están detrás de los altos niveles de criminalidad en el estado, uno de los estados con mayor presencia de cárteles criminales, donde la lógica de éstos ha sido y es sobre el despojo de las tierras, de las comunidades y de los ejidos”.