A pesar de los esfuerzos que ha emprendido el gobierno mexicano para atender y protegerlos, la relatora especial sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos, de la Organización de Naciones Unidas, Paula Gaviria Betancur, emitió una serie de recomendaciones para adoptar una estrategia integral que prevenga y mitigue este fenómeno, además de restituir las garantías a quienes se ven obligados a huir de sus hogares por distintas clases de violencia o conflictos territoriales, políticos y religiosos.

Al presentar el informe sobre la visita oficial que efectuó a nuestro país su antecesora, Cecilia Jiménez-Damary, entre agosto y septiembre de 2022, Gaviria Betancur señaló que las causas del desplazamiento en México son distintos tipos de violencia, “a menudo originada por el crimen organizado”, tala ilegal, cambio climático, desastres, desapariciones, violencia sexual, masacres y feminicidios, entre otros.

Durante la visita que llevaron a cabo el año pasado, detalló, pudieron constatar “con gran preocupación” que los desplazamientos internos afectan en gran medida a los pueblos indígenas y ancestrales del país, así como a mujeres y niñas (“quienes enfrentan la violencia de género”), personas de la diversidad sexual, defensores de derechos humanos y periodistas.

Enlistó las recomendaciones que entregaron a la Secretaría de Gobernación, a fin de que el gobierno federal considere las observaciones ahí emitidas, debido a que las víctimas desplazadas no reciben asistencia y restitución de sus bienes, como debería hacerse.

La relatora especial expuso que debido a la ausencia de un marco legal, el informe recomienda “adoptar la Ley General sobre Desplazamiento Interno sin más demora y ponerla en marcha de manera general en todo el país y armonizar con otras normas pertinentes, así como tipificar de manera autónoma el desplazamiento arbitrario con los debidos protocolos de actuación”.

Al presentar las recomendaciones de la ONU a México en el contexto del Encuentro Internacional de Movilidad Humana, Gaviria Betancur sugirió reforzar el mecanismo de defensores de derechos humanos y periodistas en consonancia con el diagnóstico sobre su funcionamiento, elaborado en 2019 por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país.

Además, debe “garantizar que la información de registros de personas desplazadas confluya en un registro único para ajustar las políticas públicas y coordinar la restitución de derechos”.

Más tarde, Gaviria Betancur se reunió con defensores y periodistas, a quienes reiteró su preocupación por los riesgos que enfrentan, así como el desplazamiento forzado a raíz de amenazas, agresiones, criminalización y otros ataques. Indicó que esta violencia tiene efecto inhibitorio en quienes ejercen el mismo rol.

Aseveró que continúan las medidas de protección inadecuadas, pues Jiménez-Damary supo de comunicadores asesinados en su nueva ubicación tras ser desplazados.

A su vez, los asistentes expresaron los impactos del desplazamiento: “Genera miedo, desesperanza, conflictos, y en muchos casos el rompimiento del tejido social y abandono de proyectos”.