La Habana., El gobierno de Cuba expresó ayer su “rechazo categórico” a la presencia “provocadora” cometida entre el miércoles y el sábado de la semana pasada de “un submarino de propulsión nuclear” estadunidense en la base naval de Guantánamo, “lo que constituye una escalada provocadora de Estados Unidos”.

Washington tienen situada una base militar desde 1903 en Guantánamo, en el extremo este de la isla, que ocupa 117 kilómetros cuadrados, y permanece allí tras la ocupación militar del país en 1898 luego de la intervención en la guerra de independencia de los cubanos contra el colonialismo español. Desde mediados del siglo pasado, la utilizó primero como prisión para migrantes, y ahora para personas vinculadas a Al-Qaeda o a grupos talibanes.

La cancillería cubana precisó en un comunicado que las 33 naciones de América Latina firmaron un acuerdo comprometiéndose a ser “zona de paz”, por lo que “advierte sobre el peligro que entraña la presencia y circulación de submarinos nucleares de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la cercana región del Caribe”. Señaló que desde hace muchos años la base carece de importancia estratégica o militar para Washington y “su permanencia sólo responde al objetivo político de tratar de ultrajar los derechos soberanos de Cuba”.

Desde Washington, el vocero del Departamento de Estado estadunidense, Matthew Miller, se limitó a reiterar una posición expresada un día antes sobre el tema por el Pentágono: “Seguiremos volando y navegando y moviendo activos militares donde sea apropiado hacerlo según el derecho internacional”.

“La presencia allí de un submarino nuclear en estos momentos obliga a cuestionar cuál es la razón militar del hecho en esta región pacífica del mundo, contra qué objetivo se dirige y qué propósito estratégico persigue”, reclamó la cancillería.

En otro orden, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió en un comunicado la “liberación inmediata” de los que consideró “presos políticos” en Cuba. El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a las calles, en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959, que se saldaron con un muerto y decenas de heridos. Según cifras oficiales, cerca de 500 personas fueron condenadas a penas de hasta 25 años de cárcel.