Una jueza en materia administrativa ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) cumplir en un plazo de tres días la suspensión definitiva otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la cual determinó revisar los programas educativos y verificar el contenido del material educativo para el ciclo escolar 2023-2024 antes de continuar con su edición e impresión.
Sin embargo, ambos organismos públicos promovieron un recurso de revisión para apelar el fallo de primera instancia. El caso se turnó al décimo tribunal colegiado en materia administrativa, que en los próximos días resolverá si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.
La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del tercer juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, argumentó que la SEP y la Conaliteg han sido omisas en cumplir con la suspensión definitiva que le concedió a la UNPF el pasado 25 de mayo.
“…Requiérase nuevamente a la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Materiales Educativos y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos para que dentro del término de tres días acrediten con las constancias idóneas haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada en resolución del 25 de mayo de 2023, en que se concedió la suspensión definitiva a Unión Nacional de Padres de Familia, asociación civil.
“Por otra parte, se reciben los oficios que cuentan con la evidencia criptográfica de la firma de personal adscrito al décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, mediante el cual acusa recibo de los oficios de agravios e informa que registró los recursos de queja…de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes”, señala.
La juez fijó el próximo 24 de julio para llevar a cabo la audiencia constitucional donde resolverá si le otorga a la UNFP la protección de la justicia federal.
El pasado 25 de mayo, la impartidora de justicia condicionó la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos y ordenó que la SEP y Conaliteg verificaran que concuerden los planes de estudio y garantizaran la intervención de los gobiernos estatales y de los especialistas.
En ese entonces, cuando concedió la suspensión definitiva, señaló que si no se someten a escrutinio los programas educativos y se revisa el contenido de los libros se frena la impresión “para garantizar el interés superior de la infancia”. Estableció que de cumplir con sus señalamientos se podrá continuar con la impresión de los textos.
