Peligrosamente, en Guerrero se han conjuntado factores de incapacidad original para gobernar (Evelyn Salgado Pineda, sin experiencia, producto electoral circunstancial), de subsistencia de una facción imperativa (Félix Salgado como inocultable tutor, que distorsiona y enrarece), de acumulación de problemas sin solución más que discursiva y hasta en esto mal (la entidad es sabidamente difícil de gobernar, históricamente reactiva ante injusticias) y de empoderamiento del crimen organizado (con bandos enfrentados) que de manera abierta controla parte de la entidad, exige ferozmente el cumplimiento de tratos de inversión electoral e impone reglas hasta en el precio de productos comerciales.

Los desbordados sucesos de ayer en la capital del estado tienen como referente inmediato la violencia del sábado recién pasado, cuando se perpetraron seis asesinatos de conductores de vehículos de servicio público y daños a nueve unidades.

En la madrugada de este 24 de junio los cuerpos desmembrados de siete personas fueron colocados en el exterior de una camioneta y en el piso de una calle de Chilpancingo, con cartulinas en una de las cuales, según versiones periodísticas, se mencionaba a la presidenta municipal morenista Norma Otilia Hernández Martínez, a quien se le enviaban “saludos” de un “amigo” que diría estar esperando un segundo desayuno con la alcaldesa, el cual habría sido “prometido” en una primera reunión. Luego se difundieron fotografías de Norma Otilia en un lugar gastronómico donde una persona portaba abiertamente una pistola al cinto. Se ha dicho en medios que tal “amigo” sería un líder regional del grupo de Los Ardillos.

Pero un componente central de esta acelerada descomposición del de por sí crítico cuadro político y social de Guerrero proviene de la instalación forzada de Evelyn Salgado Pineda como candidata de Morena al gobierno estatal luego de que su padre, el actual senador Félix Salgado Macedonio, fue impedido de ser el aspirante natural a ese cargo por cancelatoria decisión de las autoridades federales electorales, en un contexto de serias pugnas internas que llegaron hasta el despido de quien entonces ocupaba la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Los antecedentes políticos y administrativos de Salgado Pineda eran magros: asesora de un diputado local de Morelos, presidenta del DIF municipal cuando su padre era presidente y empleada en un área de una secretaría del gobierno del priísta saliente Héctor Astudillo. La improvisación hizo que el discurso y la base social de la candidata correspondiera explícitamente al senador desplazado, de quien se dice que gobernará 12 años.

Los acontecimientos de este lunes en Chilpancingo constituyen una llamada de atención al cuatroteísmo que considera válido echar mano de lo que se pueda para alcanzar triunfos electorales formales que en el fondo significan retrocesos y contradicciones, cuando menos. El uso del dinero abundante e “indetectable” para las campañas y procesos electorales, y no hay por qué pensar sólo en el pasado, han significado compromisos a cumplir cuando se llega al poder, bajo riesgo de desestabilizadoras acometidas de los factores financistas cuando no se respetan los tratos o no se cumplen a satisfacción de la parte capitalista.

En el flanco opositor al obradorismo transcurre penosamente el proceso de designación de Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia de la República. Ayer se anunció que de los 33 aspirantes originales se pasó a una semifinal de 13.

No se aceptó a Juanito (Rafael Acosta), lo cual habría dado variedad al asunto. Pero sí avanzaron Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo en el extranjero por acusaciones que le llevarían a la cárcel, y Gabriel Quadri, inscrito por orden judicial en el registro de personas que han ejercido violencia política contra mujeres, aunque los juzgadores le dejaron la puerta abierta a una candidatura, pues las normas no permitieron retirarle la consideración de tener “un modo honesto de vivir”, que es un requisito de elegibilidad. ¡Hasta mañana!

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