Es imposible mirar sin estupefacción las imágenes en las que alrededor de 5 mil habitantes de Chilpancingo y los municipios aledaños de Quechultenango, Mochitlán y José Joaquín de Herrera desbordan a elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional, toman un vehículo blindado de la primera corporación y embisten contra el palacio de gobierno de Guerrero, además de invadir otros edificios gubernamentales. Tales actos tuvieron como propósito exigir que se ponga en libertad a dos cabecillas de la delincuencia organizada que fueron detenidos la semana pasada en posesión de drogas y armas.
Hasta el cierre de esta edición, 10 policías estatales y tres funcionarios (uno federal y otro de Guerrero) permanecían retenidos por los manifestantes.
Los hechos, alarmantes en sí mismos, son la cúspide (hasta el momento) de una grave descomposición política en la entidad sureña. El 23 de junio, fueron localizados los cuerpos de siete personas, junto a los cuales una cartulina rezaba: “saludos, presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venirme a buscar”, en referencia a la edil de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández. El miércoles pasado, se filtró una grabación en la que la aludida conversa con Celso Ortega Jiménez, presunto líder de Los Ardillos, uno de los grupos criminales más fuertes del estado. El sábado, los habitantes de la capital guerrerense vivieron una jornada de terror: una serie de ataques contra choferes de taxis y servicios de transporte público que dejó al menos cinco muertos y varias unidades calcinadas, dos de ellas con sus operadores dentro. Sin duda, estos hechos constituyen el más preocupante quiebre del estado de derecho durante el actual sexenio.
Es inquietante constatar cómo la inacción y el abandono de las autoridades federales y estatales del pasado reciente permitieron a la delincuencia dotarse de una base social, con lo que hoy los criminales no sólo gozan de un temible poder de fuego, sino de una estremecedora capacidad para llevar gente a las calles y confrontarlas con las fuerzas del orden en defensa de sus intereses.
Igualmente preocupante es que estos acontecimientos ponen de manifiesto que, junto con la política, existe una profunda descomposición social que coloca a los gobernantes ante el dilema de tolerar el abierto desafío a la ley o ejercer la violencia legítima del Estado con un cariz inevitablemente represivo y lesivo para el tejido social: en estricto cumplimiento de las normas, la violenta movilización en Chilpancingo debiera llevar al inicio de procesos penales contra miles de personas, pero esa vía es tan impracticable como desaconsejable en términos de sensibilidad social y sensatez política. Quienes se encuentran al frente del gobierno deberán hacer gala de tacto, voluntad e ingenio para preservar la vigencia del estado de derecho, conjurando a la vez un choque frontal con la población y episodios de violencia oficial descontrolada.
En lo inmediato, es imperativo conseguir la liberación de los policías y funcionarios retenidos, así como restablecer niveles mínimos de seguridad pública. En el largo plazo, el único camino viable pasa por reforzar el despliegue de programas sociales que alejen a los jóvenes de los ambientes de riesgo, avanzar en los procesos de construcción de paz y combatir a la criminalidad dando prioridad a las herramientas de inteligencia forense y financiera.
Sociedad y autoridades deben reafirmarse en la convicción de que la pacificación perdurable no se alcanzará con alardes de violencia represiva contra las organizaciones criminales, sino despojándolas de su base social de reclutamiento y apoyo.
En este proceso, la ciudadanía tiene el crucial papel de repudiar y aislar a los generadores de violencia, en el entendimiento de que en una dádiva puntual o en la ilusión del enriquecimiento rápido empieza a destruirse la posibilidad de la paz duradera y de la prosperidad colectiva.
