El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, entregó al Congreso local la iniciativa de reforma para duplicar la sanción máxima de prisión por tala clandestina en la Ciudad de México.

Lo anterior, a ocho meses de que el Poder Legislativo capitalino aprobó endurecer las penas por tala, pues en noviembre de 2022 avaló que el incremento máximo de prisión a talamontes fuera de 10 años. Con la reforma enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, dicha cifra se incrementaría a 20 años.

Sin embargo, para pobladores de Milpa Alta el aumento de años de prisión no resuelve el problema de fondo, debido a que las autoridades requieren invertir recursos en la vigilancia de los bosques.

“Esto ya pasó de los delitos contra el medio ambiente, esto es una cosa de seguridad, parece que son del crimen organizado y se necesita pagar salarios a guardabosques e invertir en más brigadas porque esto ya está rebasado.

“Hemos visto que se despliega la Guardia Nacional, pero vienen a vigilar y luego los vemos hacer recorridos, pero no es algo que nosotros digamos que es contundente, no se está arrancando el problema de tajo”, dijo Luis Aguilar, de la zona de Santa Ana Tlacotenco.

Sólo tres detenidos

Pese a que los talamontes operan en grupos, la Fiscalía General de Justicia mantiene a tres personas en prisión preventiva por ese delito.

Ayer, en la sede del Congreso capitalino, el secretario de Gobierno explicó la propuesta de reforma, que incluye sanciones tanto penales como económicas para quien tale, derribe u ocasione la muerte de uno o más árboles en áreas naturales, de valor ambiental, barrancas o suelo de conservación.

“En los últimos meses se ha percibido un incremento en actos de tala ilegal de árboles y de daño en los ecosistemas, principalmente en las demarcaciones territoriales de Tlalpan y Milpa Alta. Una de las acciones urgentes a emprender por el gobierno es el endurecimiento de las penalidades, a fin de desincentivar y castigar la tala”, dijo Ruiz frente al presidente de la mesa directiva, Fausto Zamorano, quien coincidió en que se requieren sanciones “significativas” para evitar daños al medio ambiente y regulaciones sólidas y eficaces para promover la reforestación.