La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar 63 de los 142 artículos de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, en un proyecto de sentencia que será discutido este lunes en el pleno. El argumento central del documento es que el Poder Legislativo local invadió competencias exclusivas del Congreso de la Unión.
Esta norma, expedida el 2 de septiembre de 2021, fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante la acción de inconstitucionalidad 148/2021.
“Varias de las disposiciones que contiene la ley inciden en la materia de ejecución penal, tales como la ubicación y derechos de las personas privadas de su libertad, el régimen de visita y comunicación con la persona defensora y traslados, así como las medidas para alcanzar la reinserción social del sentenciado, entre otros.
“Sin embargo, por mandato de la Constitución federal, es la Ley Nacional de Ejecución Penal, expedida por el Congreso de la Unión, el único ordenamiento encargado de regular todas las cuestiones relacionadas con las normas que deberán observarse en el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; sobre los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y, regular los medios para lograr la reinserción social”, señala la CNDH.
Agrega que al pretender normar asuntos que no le corresponden, el Congreso capitalino vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues establece una doble regulación respecto a temas que ya están previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Además, la CNDH advierte que la ley local incluso invadió atribuciones del Poder Judicial: “Resulta indisponible para los órganos legislativos locales, e incluso innecesario normas aplicables para aspectos relacionados con la ejecución de penas, es decir, en todo aquello que tenga que ver con el internamiento de personas en los centros penitenciarios, ya sean locales o federales”.
