La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá esta semana las controversias constitucionales promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Banco de México (Banxico) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP).

Los referidos organismos autónomos han obtenido de diferentes ministros suspensiones que han evitado reducir los sueldos de sus altos funcionarios a los topes que marca esta ley desde 2018. Afirman que disminuir las percepciones “lesionaría su independencia como organismos constitucionalmente autónomos”, argumento similar al que recurrió la propia SCJN para responder al cuestionamiento de la Secretaría de Gobernación de por qué sus ministros ganan más que el Presidente de la República.

Aunque en mayo de 2019, la SCJN resolvió una primera acción de inconstitucionalidad, presentada por senadores de oposición, en esa ocasión únicamente ordenó que se reformara la LFRSP para especificar todos los elementos que integran el salario del jefe del Ejecutivo federal, con el fin de tener elementos objetivos para utilizarlo como parámetro de referencia.

Esta será la primera ocasión en la que el máximo tribunal analizará el fondo de la LFRSP, pues los tres organismos autónomos quejosos impugnan el artículo 1 de esta ley, que establece que el tope salarial debe observarse en los tres poderes de gobierno, organismos paraestatales, institutos, empresas productivas del Estado y organismos autónomos.

También impugna la definición que hace la ley del concepto “salario”, que prohíbe que los funcionarios perciban bonos y otras gratificaciones; y que cualquier ingreso adicional, como aguinaldo, compensaciones y percepciones en especie, deben considerarse parte del salario.

Las tres controversias están listadas para resolverse el miércoles próximo en la segunda sala de la SCJN, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, no ha hecho públicos sus proyectos.