Tepic, Nay., El gobierno federal y la Fiscalía General de Justicia de Nayarit analizarán la información periodística que publicó durante al menos 10 años el corresponsal de La Jornada Luis Martín Sánchez Íñiguez, y también los datos de mensajería y llamadas entrantes y salientes que se registraron en su equipo de telefonía móvil, para tratar de establecer con quiénes tuvo contacto antes de ser asesinado, reveló el fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce Medrano.

Reiteró que “el ejercicio periodístico es una de las principales líneas de investigación que se tienen en este caso y estamos en ese análisis.

“Ya se solicitó a las empresas de telefonía móvil los datos conservados; es decir, lo que en el argot ministerial se conoce como sábana de llamadas y mensajes, a fin de ir agotando algunas de las líneas de investigación y con ello ir construyendo lo que se consideraran datos de prueba en el expediente.”

Asimismo, adelantó que ayer “dentro de los actos de investigación junto con la Guardia Nacional y elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) se pusieron en marcha actuaciones ministeriales para dar con el paradero del periodista Osiris Maldonado de la Paz (quien fue privado de la libertad el pasado 7 de julio en la zona conocida como El Armadillo, donde vivía el corresponsal de La Jornada)”.

Estas actuaciones, dijo, también pretenden obtener “mayor elementos de prueba en el caso de Luis Martín”. Agregó que “no hay evidencias de que haya sido sacado con violencia de su casa. No hay escalamiento de paredes ni forzamiento de cerraduras. Su domicilio se encontraba en relativo orden. En este caso fue la esposa del periodista quien presentó la denuncia”.

Al ser consultado en torno a las versiones que han surgido respecto de la posibilidad de que tanto el corresponsal como el periodista Jonathan Lora Ramírez fueron privados de la libertad en la misma zona y lo sucedido fue cometido por un solo grupo delictivo, respondió: “Martín tenía un domicilio cerca de El Armadillo, eso es parte de los datos que estamos analizando para sacar una conclusión”.

Díaz Ponce Medrano refirió que hasta el momento no puede aseverar que tanto el homicidio como la privación de la libertad de Maldonado (localizado ayer con vida) y lo sucedido con Jonathan Lora (liberado el sábado) haya sido obra de algún grupo del crimen organizado, “necesitamos realizar algunas búsquedas y entrevistas”.

El funcionario mencionó que las primeras indagatorias no han arrojado datos que permitan establecer que en algún momento los tres periodistas secuestrados hubieran sido reunidos por sus captores.

Explicó que las autoridades están “construyendo la línea de tiempo de cada uno, a efecto de analizar, de manera cuidadosa, las actividades en las que participaron. Esto se hará en un periodo que abarque un buen número de años, por lo menos 10, para ver con quién se relacionaron y tener evidencia que pudiera arrojar algunas conclusiones.

“Tenemos varios datos e información suelta. Pero en este momento, de manera coordinada y con el apoyo decidido de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estamos armando el rompecabezas para dar a la opinión pública una teoría del caso.”