La situación está “para llorar”, dicen comerciantes establecidos a las orillas de la carretera federal y de la autopista México-Cuernavaca, en el poblado de Tres Marías, que ven pasar a miles de automovilistas sin que se detengan debido a la inseguridad y la violencia de las bandas organizadas de talamontes, secuestradores, pistoleros y ladrones que no sólo asaltan a viajeros, sino hasta a los habitantes de esa localidad del municipio de Huitzilac, Morelos.

Los criminales, que cuentan con “la complicidad y corrupción” del gobierno municipal que encabeza Rafael Vargas (PRI), han provocado que la venta de comida haya bajado hasta 70 por ciento.

La situación, aseguraron los locatarios, es más grave que en la pandemia de covid-19, porque entonces sabían que había disminuido la movilidad.

Para contrarrestar inseguridad y delitos contra los viajeros, y con el fin de que los paseantes acudan a consumir, los comerciantes demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la presencia de por lo menos 600 militares y elementos de la Guardia Nacional los sábados y domingos para evitar delitos.

Advierten del riesgo que se acabe la única economía lícita importante (la venta de comida y quesadillas) que ha mantenido a la mayoría de familias de este poblado y del municipio, que no data de 1928 –cuando se construyó la carretera federal– ni desde 1952 –cuando se edificó la autopista del Sol–, sino desde mucho antes, cuando pasaba el tren y las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas vendían tamales y gorditas de manteca y atole a los viajeros que iban o regresaban de la Ciudad de México.

“Ya no se vende, ya no se paran. Mire, están vacíos los negocios (y eso que es fin de semana). Muchos ya se cerraron, están despidiendo personal, se prepara poca comida (atole y café); nos han pegado mucho”, gracias también a las recomendaciones del gabinete de Cuauhtémoc Blanco, que pidió a los viajeros no detenerse en este municipio por la alta peligrosidad.

Cinco grupos criminales operan en la zona

Los entrevistados identificaron cinco bandas taladoras y criminales: Los Panales, Los Tetés, Los Purina, Los Chuchas y Los Netos.

Aunque el alcalde Rafael Vargas ha negado que proteja a delincuentes, algunos locatarios aseguraron que él está “metido” con ellos, y no por “amenazas” u “omisión”; sino por corrupción y nexos familiares directos y políticos.

Una fuente aseguró que la esposa del edil está ligada con alguna de estas organizaciones, al grado de que “ella había mandado matar a un hombre con la policía municipal. Es un desmadre, aquí estamos en un nido de malandros, que no son muchos, serán unos 200”.

El miércoles pasado dijeron a los comerciantes que aparentemente un grupo armado antagónico asesinó a un cabecilla de Los Tetés en su casa, en el centro de Huitzilac e hirieron a otra persona.

A los entrevistados no les sorprendió que en los decomisos de aserraderos clandestinos que se llevaron a cabo el jueves pasado no se hubiera detenido a ningún talamonte de los que operan casi en la impunidad en este municipio. Además, lamentaron, si los capturan, por una u otra causa, algunos jueces los liberan.

“Los tres órdenes de gobierno no sirven, hasta cuando actúan, como la semana pasada; ya los tienen ubicados. Aquí anduvo diario el pinche helicóptero, y ¿por qué no actuaron? No se llevaron detenido a nadie; es plan con maña, pues. Se enteran y les avisan”, aseveraron, tras señalar que los 30 policías municipales de Huitzilac están cooptados por estas bandas, igual que agentes estatales.

“Lamentablemente, no protegen a la ciudadanía, sino a los delincuentes, y al haber complicidad hay reparto de recursos que se obtienen ilícitamente”, resaltó un habitante. Advirtió que esto no sólo pasa en esa comunidad, sino en varios municipios de Morelos y el resto del país.

Por eso, los comerciantes de los dos tianguis de Tres Marías apremiaron al presidente López Obrador y al gobernador del estado a que garanticen la seguridad del gremio y de los viajeros para que esta actividad comercial lícita siga dando para comer a sus hijos. De lo contrario, agregaron, condenarán a que cada vez más jóvenes engruesen las filas de las células de talamontes; los cuales “ya se comportan como empresarios”.

Acusaron que contratan a jovencitos hasta de 17 años como halcones, a quienes no se puede procesar como adultos. Les pagan inicialmente 500 pesos diarios; después los drogan para engancharlos y para darles valor, y después los convierten en sicarios del brazo armado de estas bandas, que tanto daño hacen al medio ambiente y ahora hasta la propia economía del municipio.

Los ciudadanos, autoridades y jóvenes involucrados en la tala de árboles, aseguraron los vendedores, ni siquiera ven que en su casa no hay agua, porque este municipio de más de 24 mil habitantes carece de ella y más la localidad de Tres Marías; tienen que traerla de San Juan Atzingo. “Ni así crean conciencia y cuidan los bosques de agua”, lamentaron.