La Relatoría Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos llamó al Estado mexicano a redoblar esfuerzos en la lucha contra la impunidad, puesto que perpetúa la inseguridad e impide el retorno de los afectados a sus lugares de origen.
En su informe sobre su visita a México –en septiembre de 2022–, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló que buena parte de los desplazamientos en el país han sido ocasionados por los altos niveles de violencia de los grupos delincuenciales y paramilitares e incluso agentes del Estado.
Además, expuso que en la visita de la ex relatora Cecilia Jiménez-Damary, personas desplazadas internas, representantes de pueblos indígenas y organizaciones civiles describieron casos vinculados a desapariciones, violencia sexual, violencia por razón del género, feminicidios, homicidios, masacres, reclutamiento, trabajo forzado o extorsiones, entre otros.
En el documento, que es una ampliación sobre lo que informó el 9 de septiembre en México, indicó que los grupos de la delincuencia organizada y paramilitares “actúan sobre todo en zonas en las que es patente la ausencia del Estado y prevalece la impunidad”. Lo anterior, agregó, se traduce en una falta de confianza en las autoridades en general, y particularmente en el sistema de justicia criminal.
Presunta colusión
Refirió que en 2020, la probabilidad de que un delito fuera denunciado y resuelto descendió a 1.04 por ciento. “Esta situación obstaculiza el acceso a la justicia”. Advirtió que incluso hay diversas denuncias sobre la “presunta colusión de grupos de delincuencia organizada con instituciones gubernamentales, principalmente a nivel municipal”.
La entonces relatora también constató el desplazamiento interno causado por planes y proyectos de desarrollo relacionados con la minería, la tala, la extracción de hidrocarburos, la construcción de presas y el turismo, incluido el Tren Maya, una de las obras insignias del gobierno.
Otra causal, explicó, es el cambio climático y puso de ejemplo lo que sucede en la comunidad pesquera de El Bosque, en Tabasco, con la erosión marina, donde “decenas de personas han perdido sus propiedades”.
Detalló que si bien México no cuenta con cifras nacionales oficiales, según datos de la sociedad civil hasta diciembre de 2021 se estimaban más de 379 mil 322 desplazados internos. Enfatizó que este fenómeno afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas.
Frente a este contexto, Jiménez-Damary y Paula Gaviria, actual relatora especial, se pronunciaron por que México adopte la ley general sobre el desplazamiento interno “sin más demora”, así como que genere registros que identifiquen y atiendan las necesidades de esta población.
De igual manera, la ONU resaltó la importancia de la puesta en práctica de una estrategia integral en todas las etapas del desplazamiento, la cual requiere un esfuerzo institucional “articulado, simultáneo y permanente”.
La Relatoría Especial también llamó a fortalecer a las instituciones de procuración de justicia.
