Tras darse a conocer el asesinato del periodista Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en Nayarit, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunicadores condenaron el crimen y urgieron a las autoridades a investigar los hechos.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, expresó su condena por “la persistencia de la violencia letal contra la prensa” en el país, y reiteró a las autoridades mexicanas el llamado a indagar los hechos y proteger a periodistas en riesgo.

Ayer, la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la muerte de Sánchez Íñiguez, después del hallazgo de su cuerpo en la localidad de El Ahuacate, en Tepic.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se pronunció por que la primera línea de investigación del caso se enfoque en el trabajo periodístico, en tanto que el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas exigió a las autoridades investigar “de inmediato y con credibilidad” lo sucedido.

En 2023, al menos cuatro periodistas más han sido asesinados en el país: Gerardo Torres Rentería, en Guerrero; Abisaí Pérez Romero, en Hidalgo; Ramiro Araujo Ochoa, en Baja California, y Marco Aurelio Ramírez, en Puebla.

Por su parte, comunicadores de Nayarit difundieron un comunicado en el que demandaron al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro; al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, y al alcalde de Xalisco, Heriberto Castañeda; así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía estatal, que se agoten todas las líneas de investigación en el caso de Sánchez Íñiguez y de otros dos trabajadores de medios que fueron reportados como desaparecidos: Osiris Maldonado y Jonathan Lora Ramírez, este último ya localizado.

Igualmente, exigieron que se garantice la seguridad para ejercer el periodismo. Los hechos, expusieron, “no sólo afectan gravemente a las tres personas involucradas, sino a sus familias, al gremio y a la sociedad en general, porque se trata de acciones violentas que trastocan la paz pública y ponen de manifiesto el peligro que corremos todas las personas en cualquier momento”.

Pidieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión de la FGR atraiga la investigación para atenderla conforme el Protocolo Homologado de Investigación para estos casos.

Juan Carlos Gutiérrez, coordinador jurídico de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, indicó que ante el contexto que se vive en Nayarit “el caso tiene que ser atraído por la FGR”.