La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, SA de CV, que prestaba sus servicios al Instituto Nacional de Migración (INM), particularmente en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se registró un incendio en marzo pasado que ocasionó la muerte de 40 personas.

El pasado 5 de junio, a partir de una denuncia presentada por la Dirección de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación FED/CDMX/SPE/0002577/2023 por diversos delitos, entre ellos haber falsificado datos para prestar el servicio de seguridad privada en todas las instalaciones del INM, cuando su registró refiere que sólo contaba con diez elementos y portación de armas de fuego sin licencia.

La Jornada tuvo acceso a información relacionada con esta indagatoria, en la cual ya se solicitaron datos al INM; entre las peticiones de la FGR se encuentra el oficio CDMX-EIL-AIII-C1-503/2023, dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos del INM, pues de las indagatorias podrían resultar con responsabilidades de tipo penal para algunos funcionarios de Migración, particularmente quienes firmaron los contratos con el Grupo de Seguridad Privada Camsa.

El contenido de la denuncia está relacionado directamente con lo señalado desde el 30 de marzo pasado, cuando la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer durante una conferencia de prensa relacionada con el incendio ocurrido en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, que en el expediente de la empresa de seguridad privada constaba la solicitud de registro ante la Dirección General de Seguridad Privada con fecha 3 de septiembre de 2020, y su autorización tenía vigencia hasta febrero de 2024; sin embargo, tras lo sucedido en las instalaciones del INM en aquella ciudad fronteriza, su registro fue cancelado.

La autorización federal se le otorgó a Camsa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional, y sus accionistas son David Vicente Salazar Gasca y George McPhail, así como a representantes y apoderados legales.

Además de esos nombres, en la indagatoria se presentó un listado de personas que participaban como socios y también integrantes de la plantilla de trabajadores, la cual fue proporcionada a la FGR.

En marzo pasado, la titular de la SSPC indicó que “de la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa sólo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes; sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República.

“La empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir no reportó altas o bajas del personal.”

Así, de manera paralela al proceso penal que la Fiscalía General de la República instruyó contra el personal de Camsa por su presunta responsabilidad en los hechos que causaron la muerte de 40 migrantes y lesiones a 27 más, la SSPC inició el proceso administrativo sancionador contra la empresa e imponerle una multa económica por prestar servicios de seguridad privada violando las normas establecidas para este tipo de compañías.

Tres empleados de Camsa se encuentran sujetos a proceso penal por no haber garantizado la seguridad de los migrantes que se encontraban en la estancia varonil, donde presuntamente dos migrantes de origen venezolano prendieron fuego a las colchonetas para dormir, sin considerar que las puertas del sitio se encontraban aseguradas con candados y ni los vigilantes ni el personal del INM contaba con las llaves para abrir el espacio.