“¿Qué sería de México sin nuestro maíz?”, esa fue una de tantas preguntas que la Demanda Colectiva Maíz ha tenido presente durante sus 10 años de lucha y resistencia contra los intentos de sembrar maíces genéticamente modificados en el país. Esta colectividad se formó el 5 de julio de 2013 por 52 personas y 22 organizaciones de la sociedad civil, quienes no sólo han defendido los maíces, sino el territorio y las tierras de comunidades indígenas y campesinas en México. Esta demanda fue presentada ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil por un colectivo amplio, combativo y biodiverso, como las diferentes variedades de maíces, de distintas regiones y edades; integrado por diversas organizaciones campesinas, científicas, artistas, chefs…
Todas esas personas consumidoras de maíz, quienes solicitaron a las y los jueces reconocer que los granos genéticamente modificados afectan los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras de nuestro país, por lo que es necesario establecer parámetros jurídicos y sociales para la detención de su uso. Por ello, en septiembre de 2013, la demanda colectiva logró una medida precautoria para la prevención del uso de semillas transgénicas de empresas como Monsanto (ahora Bayer-Monsanto), Dow Agrosciences, PHI México y Syngenta, las cuales han desgastado las tierras de miles de campesinos y campesinas. También han violentado la soberanía alimentaria, los derechos a la salud, al medioambiente sano y a la alimentación, entre otros, mediante su complicidad con distintas autoridades federales encargadas de salvaguardar el cuidado del medioambiente, recursos naturales, agricultura y desarrollo rural. Entre algunos triunfos se encuentra una resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2021, la cual ratifica la importancia de mantener la medida cautelar sobre la suspensión de los permisos de siembra comercial de maíz transgénico en el país; la incidencia para el decreto presidencial de febrero de 2023, por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado, como su eliminación progresiva y evitar el uso de maíz transgénico en masa y tortillas.
Además, se ha acompañado desde la resistencia a comunidades indígenas y campesinas que siguen sembrando milpa y maíz en sus territorios; la promoción de ferias y actividades culturales en torno a las semillas de libre intercambio, como la de la comunidad Vicente Guerrero en Tlaxcala, que lleva más de 20 años, así como la defensa de las semillas campesinas libres al detener la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. A pesar de estos esfuerzos, aún hay mucho camino jurídico y social por recorrer para la reparación de los daños ocasionados por las empresas trasnacionales, que han intentado adueñarse y patentar los derechos ancestrales de semillas, contaminado el agua, el medioambiente con el glifosato y atentando contra la salud, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Por ende, el eje central de la demanda no es obtener una compensación económica, sino la recuperación de la vitalidad de las tierras, la detención del uso de glifosato y del maíz genéticamente modificado, así como la intervención del Estado para regular las empresas sobre su contaminación ambiental. Pues si fuera una cuestión de dinero, ¿cuál sería el precio de la contaminación y pérdida de las 64 razas y miles de variedades de maíces mexicanos, así como de más de 600 platillos a base de maíz, cientos de bebidas y rituales religiosos por las buenas cosechas y la milpa? ¿Cuál sería el costo de dañar la vida de miles de personas y permear la alimentación sana y diversa en México, incluso reconocida por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad?
Como decía Pitágoras, el número 10 es sagrado porque nos conecta con seres supremos y los elementos del universo. En este caso, con las y los dioses del maíz que fueron y son parte importante de la cosmogonía precolombina y de tradiciones ancestrales, las cuales se han sostenido gracias a las comunidades indígenas y campesinas. Pues, ¿qué sería de México sin nuestro maíz? ¿Podríamos imaginar un día en México, sin atoles, chilaquiles, tamales, elotes, sopes, tlacoyos, pinole, tlayudas, pozoles y tortillas? ¿Cuál sería el impacto en nuestras vidas y cultura sin el maíz y sus comunidades campesinas e indígenas? Es por esto que los 10 años de la Demanda Colectiva Maíz, representada por Mercedes López –a quien agradezco su colaboración en este artículo– se convierte en número simbólico, pues permite volver al origen de la vida en comunión con la madre tierra. También encarna una década digna de luchas y resistencias ante los daños ocasionados por las empresas trasnacionales. Por tanto, es indispensable que las y los jueces den un veredicto favorable para el proceso defendido desde la Demanda Colectiva Maíz, pues no sólo es el rescate de este grano, sino de la cultura, la alimentación y la vida digna del país.
* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
