En el marco de la solicitud de consultas de solución de controversias que hizo Estados Unidos bajo el T-MEC, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) advirtió que México está siendo “amenazado” por el gobierno del país vecino, su Congreso y sus cabilderos con un panel comercial para “imponer” el uso de maíz transgénico para consumo humano.

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera, señaló que ésta y “otro tipo de represalias” se debe a que se está ejerciendo el derecho a proteger el patrimonio de los maíces nativos y la salud de la población, con base en el decreto del gobierno mexicano para eliminar gradualmente el uso de glifosato y la prohibición de maíz transgénico para consumo humano.

En un encuentro nacional con productores para impulsar la transición agroecológica, el funcionario y la senadora de Morena Ana Lilia Rivera señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador “no está solo en la defensa de la soberanía alimentaria”, de los derechos de los campesinos, la salud de los consumidores y de la diversidad biológica del país.

“No queremos que nos impongan maíz transgénico de uso forrajero para consumo humano, no queremos que nos impongan sus semillas y sus modos de manejar los cultivos con agrotoxicos”, manifestó el subsecretario.

En caso de escalar la disputa a un panel de controversia comercial en el contexto del T-MEC, la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado afirmó que México ganará una vez más porque “los derechos humanos están por encima de los intereses económicos”.

Rivera y Suárez Carrera rechazaron la campaña emprendida por los aliados de las grandes corporaciones agrotóxicas, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que han señalado que “nosotros, los que producimos de manera nativa, natural y sana, no vamos a garantizar los alimentos de este país” y que si se prohíben los plaguicidas van a aumentar los precios de la comida.

La legisladora citó un estudio de Greenpeace, el cual señala que suman 48 mil millones de dólares las ganancias de las empresas trasnacionales que venden los plaguicidas altamente peligrosos, los cuales incluso “no venden en sus propios países porque están prohibidos”.