Ex funcionarios de Coyoacán y de la inmobiliaria Grupo Inmo Sur deberán responder ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por el homicidio por omisión en agravio de Héctor Manuel Marín Méndez, fallecido el 22 de abril al incendiarse un departamento contiguo al suyo en el piso 22 de la torre A-Olivo del complejo High Park Sur, en Periférico Sur 5550, tras haber permitido la construcción de pisos excedentes y otorgar autorización de uso y ocupación del edificio pese a la violación del uso de suelo y omisiones en materia de protección civil.
Tras presentar la denuncia, el abogado Rodrigo Muñoz Dromundo, la viuda de Marín, Diana Esther Monroy, y su hija de 10 años, alertaron la posibilidad de que el gobierno del alcalde Giovani Gutiérrez autorice el uso y ocupación de la segunda torre una vez que se presente el aviso de terminación de obra.
Por su parte, la alcaldía informó que no cuenta con dicho aviso, por lo que no está en condiciones de certificar el uso y ocupación de dicha torre. Afuera de la Fiscalía, personal de comunicación social de esa demarcación distribuyó un comunicado en el que reitera que “la presente administración no tuvo absolutamente ninguna participación en los procedimientos administrativos –autorizaciones, permisos, constancia o dictámenes– relacionados con la edificación”.
El litigante aseguró que con las pruebas que se aportan los señalados no podrán deslindar su responsabilidad en la muerte de Héctor Manuel, entre los que se encuentran ex funcionarios como Federico Arias Hernández, director general de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces delegación, quien firmó en 2019 la autorización de uso y ocupación, así como la empresa Grupo Inmo Sur, cuyo responsable legal es Alonso Belmont Olmedo.
Adelantó que la próxima semana, por medio del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, se presentará un exhorto a la Fiscalía capitalina para que dé celeridad a la investigación y se haga justicia en este caso, así como para otra víctima fatal del incendio y se evite una tragedia más al haber construido 17 pisos sobre los 15 permitidos en un área considerada de riesgo alto por sismicidad y ante las omisiones en materia de seguridad, como la ausencia de toma siamesa de agua, alarma contra incendios, detectores de humo, aspersores, lámparas de emergencia, acceso de servicios de emergencia y programa interno de protección civil, entre otros.
Por su parte, la viuda criticó que no se conozca aún el resultado del peritaje de la Fiscalía ni los avances en la indagatoria que se inició de oficio por la muerte de su esposo.
Hasta ahora no ha tenido acercamiento con personal de la FGJ, funcionarios de la alcaldía ni representantes de la inmobiliaria o de la comercializadora Simetric, que sólo envió un arreglo floral al funeral.