Ciudad de México. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conocerá el amparo interpuesto por Sofía Soraya Von Roehrich de la Isla, para que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México se abstenga de difundir información sobre el proceso penal que se le sigue relacionado con el cártel inmobiliario en Benito Juárez.

En junio pasado, el órgano jurisdiccional le otorgó la suspensión definitiva a la hermana del exdelegado en Benito Juárez, Christian Von Roehrich, contra la elaboración, publicación, y difusión a través de las plataformas electrónicas y de redes sociales de la fiscalía capitalina de información relacionada con la carpeta judicial 009/58/2023.

Sin embargo, la fiscalía capitalina impugno el fallo de primera instancia. Los magistrados del colegiado determinarán en los próximos días si confirman, modifican o revocan el fallo del juez de distrito.

Sofía Soraya promovió la demanda el 17 de mayo, en la que señala que la difusión de la información “la denigra y coloca como responsable de diversos delitos”.

Por ello, el juzgado noveno de distrito de amparo en materia penal ordenó a la FGJ retirar de sus canales de difusión la información que dio a conocer el vocero de la institución, Ulises Lara López, el 16 mayo.

En ese entonces, la FGJCDMX informó que cuentan con datos de prueba que podrían acreditar la existencia de una red de operaciones con recursos posiblemente ilícitos.

Apuntó que derivado de las indagatorias iniciadas por el delito de enriquecimiento ilícito, se cuenta con nombres y probables responsables en posiciones de una pirámide de complicidades en las que podrían haber participado testaferros y empresas fachada que, asociados entre sí, enajenaron, adquirieron, administraron y dieron en garantía bienes inmuebles con el propósito de impedir que se conozca su origen.

En la actualidad, Christian Von Roehrich se encuentra privado de la libertad. Incluso ayer junto con su asesor, Ismael Isauro Chalico García, sumaron una nueva vinculación a proceso por la posible comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades continuado.

Según las indagatorias de la fiscalía capitalina, se les atribuye el posible otorgamiento de permisos ilegales de construcción, probables desalojos violentos y extorsiones a empresarios al solicitarles sobornos en efectivo y/o departamentos.