Buenos Aires. Un ex gerente de una poderosa empresa alimentaria de Argentina quedó detenido en una causa que investiga el secuestro y desaparición de 23 trabajadores durante la dictadura militar en ese país (1976-83), informó ayer un organismo humanitario querellante.

Se trata de Emilio Parodi, de 82 años, quien fue gerente de recursos humanos de la empresa Molinos Río de la Plata durante la dictadura y hasta la década de 1990. Sobrevivientes y familiares de víctimas lo acusan de haber entregado al régimen un listado de trabajadores que luchaban por mejoras laborales que luego fueron secuestrados de una de sus plantas en Avellaneda (periferia sur).

Al ser indagado, Parodi rechazó la acusación y negó haber facilitado el secuestro de trabajadores en operativos dentro y fuera de la fábrica. El juez tiene 10 días hábiles para resolver su situación; mientras, permanecerá en detención domiciliaria, indicó una fuente judicial.

El ex gerente fue detenido antier por la policía en su vivienda por orden del juez federal Ernesto Kreplak, quien indaga la responsabilidad de empresarios en crímenes de lesa humanidad, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa desde 2014.

“Parodi es el primer civil del Grupo Bunge & Born indagado por delitos de lesa humanidad. Entre 1976 y 1978 fue jefe de personal y luego ascendió a director general de la empresa. Está acusado del secuestro de 23 obreros y obreras”, tuiteó el CELS.

Fundada en 1902, Molinos Río de la Plata integró el poderoso grupo agroalimentario Bunge & Born hasta 1999, cuando la empresa fue vendida al grupo Pérez Companc.

Los hechos ocurrieron “el 7 de julio de 1976 cuando militares ingresaron a la planta de Avellaneda y pasaron sección por sección secuestrando trabajadores. Sus nombres estaban en una lista con membrete de Molinos Río de la Plata. Eran delegados y activistas que pedían mejoras laborales”, recordó el CELS.

La causa se inició en 2013 por una denuncia de hijos de obreros desaparecidos.

Desde la recuperación de la democracia, en 1983, un total de mil 168 personas –entre ellas 200 civiles– fueron condenadas en 322 juicios por crímenes de lesa humanidad, según la Secretaría de Derechos Humanos.

Unas 30 mil personas desaparecieron en la última dictadura, según organismos de derechos humanos.