Madrid. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) decidió confirmar la retirada de la inmunidad parlamentaria al ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a otros dos ex consejeros del gobierno catalán, Tomi Comín y Clara Ponsatí, que actualmente fungen como europarlamentarios y que, al mismo tiempo, tienen varias causas pendientes con la justicia española por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017. Con esta decisión, que ampara las resoluciones previas de las instituciones jurídicas del Parlamento europeo, Puigdemont y sus colaboradores no podrán regresar a España sin la amenaza de ser detenidos por las sendas órdenes dictadas por el Tribunal Supremo español y que siguen vigentes.

Puigdemont vive fuera de Cataluña desde finales de octubre del 2017, sólo unos días después de que él mismo presidió una sesión parlamentaria en la que se dictó una declaración de independencia con la que se pretendía culminar el proceso de secesión iniciado un lustro atrás y, sobre todo, el referondo del 1 de octubre del 2017, en el que se aprobó por más deun 95 por ciento la secesión del Estado español. Si bien, aquella consulta se llevó a cabo al margen de la legalidad española y sin las garantías de una institución electoral independiente, de ahí que el propio Puigdemont y sus aliados, entre ellos el actual partido en el gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) decidieron “suspender” la declaración de independencia y abrir una ronda de consultas con las autoridades catalanas y españolas para decidir la hoja de ruta para hacer cumplir el mandato popular o, en su defecto, celebrar una nueva consulta ciudadana.

Pero ante las amenazas desde Madrid, Puigdemont y su círculo más próximo decidieron salir de Cataluña de forma furtiva, sin ni siquiera informarles a sus aliados de ERC o del otro partido separatista, la CUP. Y desde entonces no han podido regresar a su tierra y fijó su residencia en Waterloo, desde donde posteriormente hizo campaña electoral para convertirse en eurodiputado bajo las siglas de su formación política, Juntas per Catalunya (ERC), que es a su vez la heredera de la antigua Convergencia i Unió (CiU), de cariz conservadora.

A lo largo de los últimos cinco años, Puigdemont ha mantenido una pugna con la justicia española para evitar su extradición, de ahí que la sentencia que dictó el TGUE tenga una importancia vital para los intereses del ex presidente catalán, que tenía intención de hacer campaña en su tierra de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. El alto tribunal europea explicó en su sentencia que “el Tribunal General desestima todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones según las cuales el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad de los diputados. El Parlamento se basó en diversos elementos, entre ellos que los hechos imputados se habían cometido en 2017, mientras que los diputados adquirieron la condición de miembros del Parlamento el 13 de junio de 2019 así como el hecho de que los tres fueron procesados el 21 de marzo de 2018, es decir, en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética”.

Puigdemont declaró en una rueda de prensa desde Bruselas que con esta sentencia “se están vulnerando los derechos de las minorias y de la disidencia política en el corazón mismo de la Unión Europea, que se niega a amparar los derechos humanos”.